El 21 del mismo mes, ante protestas de sectores políticos chilenos que consideraban dispendioso el gasto dadas las penurias del país, el todavía comandante en jefe, general Augusto Pinochet, puntualizó que "la modernización en que se hallan empeñadas nuestras fuerzas armadas, y en particular el ejército, debe ser vista como una inversión y no como un gasto".

En Bolivia la noticia fue publicada en la prensa y nuestras autoridades concluyeron en que "no hay tal carrera armamentista".

Por todo esto resulta ridículo que las mismas autoridades "descubran", recién ahora, después de dos años, el armamentismo chileno, pidan públicamente informes al cónsul en Santiago y protesten porque los vecinos están probando parte de esos equipos cerca de la frontera nuestra.

El ministro de Defensa, Fernando Kieffer (el ministro loquito lo ha llamado el canciller José Miguel Insulza) está tan alarmado que cree que los chilenos están apoderándose ya de nuestro país con sus capitales y abiertamente ha pedido la anulación de la capitalización de Enfe, por la cual nuestros ferrocarriles pasaron a ser administrados por la compañia Cruz Blanca.

Poco le ha faltado a Kieffer para pedirle a su socio en el gobierno, Samuel Doria Medina, que "nacionalice" también los capitales chilenos sin los cuales el "rey del cemento" no habría podido ampliar a niveles gigantescos, lo que parece ser, por ahora, la empresa más próspera del país.

Es una lástima que un tema tan serio como el de la política boliviana hacia Chile se lo manipule con fines de política doméstica. Si el actual gobierno fuera serio, esas protestas que ahora prepara debió hacerlas hace dos años, cuando Chile anunció a los cuatro vientos que "modernizaría" sus fuerzas armadas.

El actual canciller Javier Murillo de la Rocha es un diplomático de carrera. Casi desde su adolescencia ha sido funcionario de nuestro servicio exterior, por eso sorprende que haya manejado con tino tan poco profesional este aspecto de nuestras relaciones.

Debió oponerse --porque sabe que no conduce a nada-- a la "política gubernamental de pedir en todos los foros internacionales nuestro derecho de que se nos devuelva nuestra salida al mar". Antes era y ahora también palabrería inútil (Nos lo ha recordado amargamente un funcionario de la OEA) si no está acompañada de una verdadera política marítima.

La falta justamente de esa política hace que nuestros gobernantes tropiecen frecuentemente en gruesos errores. Por ejemplo la semana pasada el presidente Hugo Bánzer Suárez declaró en Cochabamba que ya no vale la pena hablar con el actual gobierno chileno que está por culminar su gestión, sino con el que reemplazará.

¡Qué lástima que nuestro presidente ignore que la política internacional chilena no está sujeta a los vaivenes de la política interna! Tan cierto es esto que actualmente, aun tapándose la nariz, el canciller Insulza está defendiendo el derecho de su enemigo político, el general Pinochet, a ser juzgado en su propio país.

Por lo demás, la última declaración de Bánzer es una admisión de que fracasó su política vocinglera sobre el tema y como esperaremos hasta que asuma el nuevo gobierno en Santiago, entonces habremos perdido tres de los cinco años de gobierno banzerista para cualquier gestión que valga la pena.

Y no nos extrañemos que después, el año 2000, los chilenos digan que no les conviene hablar con el gobierno boliviano que ya "está de ida" y que preferirán hacerlo con el que viene.

¿No es todo esto un absurdo colosal?