EL MAGISTRADO CANALLA

Por Hernán Maldonado

Hubo que contener el vómito. No por sus nauseabundas declaraciones, sino por una ira contenida. Lo que decenas de periodistas denunciamos, motivo por el cual se nos tildó desde el alto gobierno chavista como "pitiyanquis, agentes de la CIA, etc." fue confirmado por un pájaro de alto vuelo.

En Venezuela "no hay división de poderes" y se hace lo que manda el petrodictador Hugo Chávez, dijo el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, quien acaba de desertar y poner su pellejo en manos de la DEA estadounidense.

Aponte, un coronel-abogado que por años fue fiscal militar preferido de Chávez, quien lo encumbró al máximo tribunal de justicia del país, habló el miércoles en la noche por varios canales de TV de Estados Unidos y Venezuela.

Con desparpajo dijo que había dejado Venezuela con la intención de "salvar su honor" y negó (como se afirma reiteradamente), que tuvo vínculos con el narcotráfico.

Walid Makled, un multimillonario que se ufanó de haber sobornado con millones de dólares a altos jerarcas chavistas, presentó una credencial firmada por Aponte, cuando éste era fiscal militar, para que tuviera libre acceso a los altos círculos de poder.

Makled fue requerido el 2009 por Estados Unidos como un gran narcotraficante. Apareció en Colombia el 2010 y Chávez se las arregló para que fuera extraditado a Venezuela, por su "nuevo amigo", el presidente Juan Manuel Santos.

Aponte apareció esta semana en Costa Rica y la DEA se adelantó a comandos venezolanos que buscaban secuestrarlo. Ahora se encuentra en Washington donde se ha ofrecido para presentarse ante un Jurado Federal y quizás hasta preste testimonio ante la Cámara de Senadores.

En realidad nada de lo que dijo es nuevo, porque todo lo que reveló fue denunciado por la prensa independiente. Eso sí, confirmó las vagabunderías chavistas de una brutal manipulación de la justicia.

"Recibía órdenes directas de Chávez (recuerden que soy militar), de la presidenta del TSJ, Luis Estela Morales, de la Fiscal General, Luisa Ortega Diaz. Del presidente para abajo, pues", dijo impávido Aponte.

Recordó el caso de un teniente por un cuantioso contrabando de cocaína colombiana por cuya libertad abogaron Chávez y los más altos jefes militares. "Lo dejé bajo amparo y nunca más se supo de él. La droga quedó custodiada en un cuartel militar", dijo.

Recordó que recibió instrucciones directas de Chávez para que aparecieran culpables unos 90 jovenzuelos colombianos detenidos en una finca y a los que se les acusó de conspirar para asesinar al presidente por encargo de la oposición.

Por presión de la opinión pública y porque el montaje era demasiado descarado, Chávez indultó a esos "conspiradores".

No ocurrió lo mismo en el caso de los generales Ovidio Poggioli, Francisco Usón, coronel Otto Gebauer y varios jefes policiales enviados a la cárcel (muchos de ellos todavía están ahí) acusados de delitos que nunca cometieron.

El más emblemático es el del comisario José Sánchez "Mazuco", enemigo político de Chávez, a quien - según reveló Aponte - se le sentenció por asesinado en base a la declaración de "un testigo encapuchado, un criminal al que se le recompensó dándole la libertad".

Mazuco fue elegido diputado con la más alta votación del Estado Zulia el 2010, pero no se le respeta la inmunidad parlamentaria y hasta ahora se le impide asumir su curul. Peor todavía, tiene que pedir permiso para tratarse de un cáncer prostático.

El régimen ha enmudecido ante las denuncias de Aponte y sólo su portavoz oficiosa, Eva Golinger, salió el jueves a denunciar "maniobras del Imperio para desacreditar al presidente Chávez..."