Las tareas de éste profesional de la diplomacia boliviana han tomado supuestamente ese rumbo, porque el nuevo alto mando militar ha decidido usurparle sus funciones, si uno se atiene a las declaraciones del flamante comandante de las fuerzas armadas, almirante Carlos Béjar Ossio, quien al tomar posesión de su cargo anunció que los militares "propondrán una estrategia marítima con el propósito de lograr un retorno al mar".

Las declaraciones del jefe militar sacudieron la semana pasada el avispero político boliviano, justamente cuando Murillo, a la luz de lo ocurrido entre Perú y Ecuador, esbozó las posibilidades de una nueva estrategia basada en la búsqueda de amigables componedores en procura de llegar a un arreglo con Chile sobre nuestro centenario enclaustramiento marítimo.

El almirante Bejar protestó porque en Bolivia "no ha habido una política marítima consecuente" y en declaraciones al diario La Razón (Nov. 20 1998) citó como ejemplo el "caso de nuestra marina mercante de ultramar que ha desaparecido".

O sea que desde 1977, cuando empezamos a navegar con el barco que nos regaló Carlos Andrés Pérez, recién ahora nos preguntamos, junto con el almirante, las causas de su desaparición, lo mismo que de la zona franca de Rosario (Argentina) que se ha quedado ("por falta de una política marítima que se preocupe del interés nacional", dijo Béjar) convertida en "un escombro de puerto".

Desde la instauración del voto universal en Bolivia, los militares no pierden su condición de ciudadanos y como tal pueden opinar, pero cuando lo hacen como institución están violando la Constitución Política del Estado que establece claramente que las Fuerzas Armadas no son un órgano deliberante.

Esto es tan evidente que, mientras no llegó a su actual cargo, el almirante Béjar estuvo calladito.

En el Estado moderno nadie se opone a que los uniformados hagan conocer sus puntos de vista, pero en casos sensitivos como éste, la discreción es más que saludable. Por eso lo absurdo de proclamar públicamente que las Fuerzas Armadas, ahora con el almirante a la cabeza, "propondrán una estrategia marítima".

Hasta hace unos años, las Fuerzas Armadas se consideraban la "fuerza tutelar de la patria", pero dentro del más puro legalismo constitucional para describir a la institución a la que el país le entrega el uso de las armas para su conservación y defensa.

A pesar de la juventud de la moderna democracia boliviana, nuestros uniformados hacen mal en considerarnos menores de edad, como en épocas ya superadas en las que se constituyeron en árbitros supremos de la nación en lo social, lo económico, lo jurídico y lo político.

El que nuestra actual cancillería, y las anteriores, hayan dado tumbos en el caso marítimo, es otra cosa.

En lo único que vamos a estar de acuerdo con Bejar es que es necesaria una política nacional al respecto y esa política debe ser suprapartidaria, a cargo de - en su elaboración y puesta al día permanentemente - un cuerpo deliberante conformado por los mejores internacionalistas bolivianos, que vea su esfuerzo ejecutado por la cancillería y, en última instancia, por el presidente de la república.

El que ese cuerpo deliberante requiera o no la opinión de las fuerzas armadas, será cuestión de ver. Mientras tanto nuestros militares tienen funciones específicas que cumplir y es para ello que deben prepararse, no para asumir funciones que no les competen.

Habría que recordarle al almirante Béjar que la Constitución establece claramente que las Fuerzas Armadas "son esencialmente obedientes, no deliberan y están sujetas a las leyes y reglamentos militares".