BOLIVIA: LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA

Por Hernán Maldonado

En Venezuela la inseguridad es de tal tamaño que el 2012 el hampa mató a más de 21.000 personas, de las cuales 656 fueron presos en riñas dentro de las hacinadas cárceles. Todo es ya tan “normal” que la semana pasada en la cárcel de Sabaneta, en el estado del Zulia, seis presos fueron muertos y la noticia pasó bajo la mesa.

En Bolivia la inseguridad no llega todavía a esos extremos, pero el hacinamiento cobró un alto precio en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde una lucha entre reclusos de la sección Chonchocorito causó, también la semana pasada, una treintena de muertos y más de medio centenar de heridos.

No recuerdo que alguna vez se haya producido tragedia igual en una cárcel boliviana. La promesa de las autoridades es la habitual: Se investigarán las causas. No tienen que ir muy lejos. La Justicia boliviana es una de las peores del mundo. Lo ha sido antes y lo sigue siendo, pese a las promesas de cambio.

El hacinamiento en las cárceles es producto directo de la crónica retardación de justicia que se creía iba a ser superada tras la aprobación en 1981 del nuevo Código de Procesamiento Penal. Y la retardación, es fruto de la escasez de jueces, como lo apuntó hace dos años Jorge von Borries, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado señaló que seis de cada 10 presos no tienen sentencia ejecutoriada. Detalló que Bolivia tiene solo 754 jueces para atender 591.000 causas, lo que equivalía a que cada juez debía atender una media de 780 casos. Solo en La Paz, de 80.000 causas, 30.000 tenían atraso en su sustanciación.

Como en ninguna otra época, en los últimos años se han incrementado en Bolivia los casos de “ajusticiamientos populares”, que políticamente los nuevos dueños del poder tratan de edulcorar como “justicia comunitaria” fruto de una supuesta “tradición indígena”.

“Ladrón pillado, ladrón quemado” es la consigna de los vecinos. En el último semestre seis supuestos delincuentes fueron linchados. La comunidad cree que ese es el medio más expedito de hacerse justicia, ante el paquidérmico funcionamiento del Poder Judicial.

Obviamente, también falla la vigilancia policial. Denis Raciot, de la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, precisó que un 47 por ciento de los municipios en el país no tiene servicio policial.

El “gobierno del cambio”, como se autodefine el actual, creyó que poniendo en las altas cortes a magistrados de pollera o a algunos que confiesan que dictan sus fallos previa consulta a las hojas de coca, podía enmendar el rumbo pero está sorbiendo su fracaso. El problema está más allá de hombres o más leyes, sino que tiene hondas raíces estructurales.

La “politización de la justicia”, además, es una completa vergüenza como se ve en casos como los de Leopoldo Fernández, Roger Pinto, Mario Cossio, Manfred Reyes Villa, sin tener que hablar de otros emblemáticos como la grosera manipulación en los crímenes del Hotel de las Américas, Chaparina, Caranavi, etc, etc.