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Domingo 30 de septiembre del 2007
TRAS LOS MILLONES DE GONI
Por
Hernán Maldonado
El Centro por los Derechos Constitucionales (CDC), cuyo director es Bill Goodman, conocido en Estados Unidos por la defensa de los detenidos en la prisión de Guantánamo, presentó una demanda civil en Baltimore contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusándolo de la muerte de 67 personas en Bolivia durante el "Octubre Negro" del 2003.
Jenny Green, abogada del CDC, afirma que el juicio es a pedido de algunas de las víctimas de aquellos luctuosos sucesos y que su organización no tiene nada que ver con el gobierno de Evo Morales. James Cavallaro, portavoz del organismo, precisa que sus abogados no cobrarán ni un centavo. No se han mencionado cifras por indemnización.
Judith Chomsky (aparentemente sin parentesco con Noam el pontífice de la neoizquierda mundial) explicó que el juicio abarca al ex ministro de Goni, Carlos Sánchez Berzaín. "Nuestros tribunales los declararán responsables por la violación de derechos humanos reconocidos universalmente", anticipó la abogada.
Mauricio Balcazar estima que la demanda no prosperará porque en Estados Unidos "no es un delito disponer el restablecimiento del orden para que una ciudad recupere su suministro de alimentos y combustibles". El ex asesor de Goni recuerda el asedio a La Paz en aquellos turbulentos días.
No es un secreto que el actual gobierno boliviano está empeñado en juzgar a Goni. Morales "es el principal perseguidor", afirmó Balcazar. Los demandantes creen que por fin se hará justicia. "Tarde o temprano la justicia tiene que llegar", dijo Eloy Rojas Mamani, uno de los demandantes, cuya hija de ocho años murió en los disturbios.
¿Qué justicia? y ¿Cuán tarde o cuán temprano? Eso está por verse. No parece probable que Goni decida ir voluntariamente a enfrentar un juicio en Bolivia. Y tampoco prosperaría la extradición por múltiples razones. La principal es que Morales ya lo condenó si nos atenemos a múltiples declaraciones suyas.
Lo único seguro, por ahora, es que Goni va a perder una buena parte de su patrimonio defendiéndose de la acusación. Un buen abogado lo menos que cobra en EEUU es 500 dólares la hora en un tribunal. Robert Shapiro, uno de los siete abogados que defendió al ex astro del fútbol estadounidense O.J. Simpson, cobraba 5.000. Ese tremendo equipo abogadil sacó inocente en 1995 al acusado del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman. Paradójicamente una corte civil condenó años más tarde a Simpson al pago de daños y perjuicios por 30 millones de dólares, hasta ahora no cancelados.
El juez Alan Postman de una corte de Miami otorgó en marzo del 2001 a Ana Margarita Martínez siete millones de dólares en compensación exigida al gobierno cubano por el matrimonio fraudulento con Juan Pablo Roque, quien se valió de eso para espiar para La Habana y llevar a la emboscada mortal a cuatro pilotos de "Hermanos del Rescate". Martínez sigue esperando el pago.
En las cortes estadounidenses hay decenas de casos contra los hermanos Fidel y Raúl Castro por violación de los derechos humanos por millones de dólares. Muchos cobran, nadie paga.
Una Corte de Palm Beach, Florida, declaró culpables en 2002 a los generales salvadoreños Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García por el asesinato de cuatro monjas estadounidenses secuestradas y violadas en El Salvador el 2 de diciembre de 1980. Debían pagar 52 millones de dólares. El caso está aún en tribunales.
En casi todos los casos los abogados encontraron un jugosa veta, algo que no está en los planes de Goodman (si podría traducirse sería "hombre bueno") quien a veces es destacado en la web del casi desconocido Partido Comunista de Estados Unidos.
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