EE.UU. LA MANO LARGA DE LA JUSTICIA

Por Hernán Maldonado

El empresario estadounidense Jacobo Ostreicher ha puesto al descubierto una banda criminal de extorsionadores en las altas esferas del gobierno de Bolivia y, ya sea que lo liberen – como es muy probable – o siga preso, sus abusadores no quedaran impunes.

Ostreicher fue hace casi 2 años a Bolivia a invertir en la industria del arroz y la banda lo acusó de ser narcotraficante, manipuló fiscales y jueces, y fue enviado a la cárcel. Desde allí pagaba por su libertad, pese a que sus verdugos ya le habían despojado de sus bienes.

El abuso era de tal magnitud que el caso Ostreicher traspasó las fronteras y era común ver a manifestantes ante la Casa Blanca pidiendo por su liberación. El actor Sean Penn, gran amigo del dictador venezolano Hugo Chávez, fue a Bolivia en busca de su liberación.

Primero llegó como un admirador de Evo Morales, con quien jugó un partido de fútbol y a quien impresionó tanto el multimillonario “socialista” que ipso facto fue nombrado “embajador” oficioso del régimen para apoyar el masticado tradicional de la coca y la demanda marítima ante Chile.

En realidad Penn fue a Bolivia a tantear la posibilidad de influir por las buenas la liberación de su compatriota injustamente detenido. Lo visitó en la cárcel y consiguió que fuera trasladado a una clínica dado su precario estado de salud.

Penn, luego, volvió a Bolivia en abierta campaña a favor de Ostreicher y se enfureció cuando unos jueces que debían liberarlo, resolvieron demorar su decisión. El famoso actor despotricó contra las autoridades y sostuvo que la corrupción conspira contra Morales.

Cualquiera sea la decisión judicial, lo claro es que todos los abusadores del empresario pueden contar ya con la prohibición de visitar y menos vivir alguna vez en Estados Unidos y hasta podrían ser suceptibles de extradición si son juzgados por cortes americanas.

Morales y Chávez denuncian permanentemente que Estados Unidos es santuario de violadores de derechos humanos, una acusación sin fundamento, como lo está probando actualmente en Miami el juez de inmigración Michael Horn.

El acusado es el general José Guillermo García, ex ministro de Defensa de El Salvador (1979-1983), quien a sus 79 años está a punto de ser devuelto para ser juzgado en su país por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil en ese país.

El embajador estadounidense de aquella época en San Salvador, Robert White, compareció como testigo de cargo ante el juez para revelar que se reunió varias veces con García para mostrarle pruebas de los asesinatos a sangre fría cometidos por sus tropas y que éste “no despidió ni castigó a ninguno de los oficiales involucrados”.

El caso de García es apenas uno de unos 1.900 violadores de derechos humanos que viven en Estados Unidos y cuyas pistas son seguidas por un grupo autodenominado Centro para la Justicia y la Responsabilidad.

Hace pocas semanas fue descubierto viviendo tranquilamente en Miami, Crescensio Marino Rivero, identificado por sus víctimas como un rudo represor como director de cárceles en Villa Clara. Cuando las autoridades iban tras suyo desapareció y se cree que volvió a Cuba.

No son casos aislados. Anteriormente fueron enviados de regreso a su país violadores de DDHH de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile que se habían establecido en Estados Unidos, varios de los cuales como prósperos empresarios. La justicia tarde, pero llega.