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LA DICTADURA CONSTITUCIONAL
Por
Hernán Maldonado
En la Venezuela de estos días las muertes, los heridos, desaparecidos, torturados y los presos politicos se producen dentro del marco de la Constitución. Es decir, todo, por muy aberrante que sea, está dentro del marco legal.
La "revolución bonita" del coronel Hugo Chávez Frías transita el escabroso camino de la represión para mantenerse en el poder cueste lo que cueste, ya sea en dinero o en sangre, contando para ello con una mayoría endeble y venal en todas las instituciones públicas.
Decenas de miles de simpatizantes de Chávez son convocados a multitudinarias marchas en Caracas a billetazo limpio. Centenares de autobuses recolectan venezolanos tarifados y los trasladan a las plazas públicas de la capital para expresar su apoyo al mandatario.
Allí puede verse como se emplean en esos "apoyadores" los 35 millones de dólares que ingresan diariamente a las arcas fiscales por la venta de casi dos millones de barriles diarios de petróleo al "imperialismo yanqui".
Desde la tribuna callejera Chávez no tiene empacho en llamar "pendejo" a su colega George W. Bush y amenaza con no venderle "ni una gota más de petróleo", aunque desde su oficina entrega a las multinacionales yanquis, a precio de gallina flaca, la explotación de las inmensas reservas gasíferas venezolanas.
Por dos años pidió a sus opositores que esperaran el referendo revocatorio para acortarle el mandato, pero llegado al plazo inventa decenas de marrullerías para impedirlo, amparado en sus amanuenses en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Nacional Electoral, la Procuraduria, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, que le dan la razón en todo, inclusive en las muertes que se producen. Todo es legal.
Un total de 3.4 millones de venezolanos firmaron para el revocatorio cumpliendo exigencias inauditas que incluyeron hasta que se las recogiera en unas planillas de papel moneda. Resulta que un millón de esas firmas no las quiere hacer valer el gobierno.
Chávez asegura que esas firmas fueron "asistidas" es decir que los datos fueron llenados por otra persona, lo que las invalida. En la óptica del régimen no vale la firma y la huella dactilar, sino la caligrafía del que llenó la planilla. Ahora se pide a ese millón que revalide su firma. Simplemente se acusa a esos firmantes de tramposos revirtiendo la carga de la prueba, un principio jurídico universal violado flagrantemente.
Por eso es que la oposición salió enardecida a las calles del 27 de febrero al 4 de marzo en una protesta sin precedentes. Los militares chavistas sofocaron la ira a plan de gases y bala con un saldo de 12 muertos, centenares de heridos, ocho desaparecidos, 350 detenidos.
La "revolución bonita" se tiñó de sangre, pero para sus conductores, todo ocurrió dentro del marco legal. La culpa es de la oposicion, según el inefable vicepresidente José Vicente Rangel, para quien 400.000 manifestantes no debían haber salido a la calle en "plan terrorista".
Un par de jueces que osaron poner en libertad a unos detenidos fueron echados de sus cargos por el Fiscal Isaías Rodríguez. Cometieron el "delito" de apartarse del marco "legal" impuesto por el gobierno.
Ahora, con las planillas de los firmantes pidiendo el revocatorio en sus manos, el régimen comenzó una abierta y descarada persecución contra miles de empleados públicos. Si no aceptan firmar documentos, arrepintiéndose de ello, son puestos de patitas en la calle.
La oposición mantiene aún visos de unidad, pero dentro de su pluriliderazgo hay divisiones profundas entre los que creen que "se llegó al llegadero" y que hay que invocar la vigencia del artículo constitucional 350 que llama a la desobediencia civil si el gobierno se aparta del camino democrático, y aquellos que creen que todavía debe mostrarse la otra mejilla.
Venezuela camina por un sendero peligroso. Se sembró demasiado odio de lado y lado, en medio de una atroz situación económica que elevó los índices de desempleo a casi el 20 por ciento y que se advierte en calles y plazas por su inconfundible olor a pólvora.
Dentro del marco de la constitución.
