EL MINISTRO CORRUPTO

Por Hernán Maldonado

Yojiro Nakajima fue sentenciado a dos años de cárcel por la justicia de los hombres, pero su conciencia fue más implacable. No pudo soportar la verguenza de cargar por el resto de sus días la etiqueta de corrupto y el sábado se ahorcó en su domicilio en Tokio.

Nakajima, de 41 años de edad, ex secretario de Defensa del Japón, había sido sentenciado en septiembre por la Corte Suprema de Tokio que le probó, que en función de su cargo, aceptó cinco millones de yenes, unos 44.000 dólares, para favorecer a la Fuji Heavy Industries Ltd en un contrato para la construcción de hidroaviones.

El ex ministro saltó a la arena política tras una exitosa labor como reportero de una cadena de televisión y por su poder de convencimiento y su oratoria se destacó en la cámara baja del parlamento nipón en representación del Partido Democrático Liberal.

En 1998 se le empezó a investigar, no sólo por la aceptación del soborno a la Fuji, sino por el oscuro destino de 176.000 dólares que le habrían servido para “comprar” su reelección de ese año en el parlamento, a la par de una defraudación al estado por unos 88.000 dólares.

En un país como Japón donde una heladería maneja cifras mucho mayores a los montos por los que se acusó y condenó a Nakajima es sorprendente para un observador poco avisado que un funcionario de ese rango acabara ante los tribunales. La respuesta es sencilla. Simplemente en una sociedad organizada y que se precie de tal, la justicia funciona.

Es más. Es muy probable que Nakajima podría haber restituido los fondos en cuestión, cumplir sus dos años de cárcel y después buscar rehacer su vida. Pero no. Nakajima no pudo escapar al castigo de su conciencia y el pasado fin de semana se convirtió en su propio verdugo.

El gran escándalo político japonés de los dos últimos años dejó de ser tal y terminó como una noticia policial más.

Lo que acaba de ocurrir en Japón es como para que los periódicos bolivianos lo publiquen en sus primeras páginas y no para que nuestros corruptos se suiciden, sino para que por lo menos sirva de acicate a nuestros jueces para apresurar los decenas de casos que tienen en sus manos.

Con motivo del balance de fin de año, el Canal P.AT. acaba de ofrecernos un panorama sobre la corrupción en Bolivia, con detalle de los casos pendientes que duermen en los tribunales y la impavidez de los acusados que pasean por las calles su descaro, cuando no están sentados en el parlamento arropados por una malentendida inmunidad y socapados por sus colegas y sus partidos políticos.

Algunos de los casos más sonados mencionados por P.A.T recuerdan los escándalos de la chitochatarra prefectural, los negociados con la ayuda externa para los damnificados del terremoto de Aiquile y Totora; el caso del avión de Defensa Civil; las quiebras fraudulentas de los bancos de La Paz y Cochabamba, el caso de la Lotería, de los casinos clandestinos, el caso de las vacunas y… pare de contar.

Banqueros, ex ministros, ex alcaldes, y ex funcionarios de menor rango estarían ahora mismo tras las rejas. La justicia recuperaría su majestad, el gobierno rescataría para sí su credibilidad y el país se mostraría al mundo como un Estado donde impera la ley. ¿No es esto un sueño hermoso?

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