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EL CASO DE MARCO MARINO DIODATO
Por
Hernán Maldonado
Cuando hace dos meses su pequeño imperio fue puesto al descubierto
por la policía, el caso opacó todos los demás escándalos de corrupción que
llenaban a diario las portadas de los principales diarios bolivianos, por dos
aspectos: tocaba de cerca de la familia presidencial y a las fuerzas armadas.
El astuto italiano está casado con una sobrina del presidente Hugo
Bánzer Suárez y por sus destrezas con los paracaídas encandiló a nuestros
generales quienes lo contrataron como instructor, otorgándole sucesivamente
los grados de teniente y capitán de nuestras fuerzas armadas.
La detención, que supuestamente fue uno de los golpes maestros de
nuestra policía, se produjo por algo que casi era baladí a nuestros
intereses, más no a los de la poderosa Drug Enforcement Agency (DEA) de
Estados Unidos: los "pinchazos telefónicos".
Porque esos pinchazos son casi un deporte nacional en el país. Los
practican desde el ministerio del Interior, los políticos entre sí (¿Se
acuerdan del caso Sánchez Berzaín-Manfred Reyes Villa?), los policías
privados y los que no lo son en busca de pruebas de infidelidades, etc, al
punto que se encaminan a su institucionalización en el nuevo Código de
Procedimiento Penal.
Diodato, ha admitido esos pinchazos y éste parece ser el más grave
delito que cometió, a parte de la "clonación" de teléfonos, consistente en
cargar a otras cuentas las llamadas justamente para realizar esos pinchazos.
Al producirse la detención de Diodato, el viceministro del Interior
en un arranque de insólito entusiasmo anunció en rueda de prensa que se había
desbaratado una organización criminal de vastos alcances culpable de haber
enviado desde Bolivia a Estados Unidos y Europa no menos de ocho toneladas de
cocaína.
Semejante acusación oficial parecía encaminada a fundir
definitivamente al peninsular y sus compinches quienes, quizás por el tamaño
de la denuncia, empezaron a ser etiquetados como miembros de la "mafia
italiana" en Bolivia. Diodato, en su primera comparencia ante el juez,
proclamó que no podía ser enjuiciado por la Ley 1008, que castiga justamente
a los narcotraficantes, mientras su abogado Otto Richter asegura a todo el
que quiera oirle que Diodato no es culpable de ninguno de los graves delitos
que se le atribuyen.
Y a medida que trancurren los días convirtiéndose en semanas, las
pruebas contra Diodato no aparecen o están esfumándose. Hasta ahora, el
ministerio del Interior, con todo su poderío, no ha podido corroborar la
denuncia de su alegre viceministro Canedo.
Nadie ha probado que hubiera aportado fondos a la campaña electoral de Bánzer
y el presidente tiene razón cuando afirma que "nadie escoge a sus
familiares". A parte de que parece nomás ser cierto que la sobrina y Diodato
no eran habituales de la familia Bánzer Suárez por las sospechas del general
de que el europeo era un pájaro de cuenta.
Tampoco hay pruebas de que Bánzer hubiera estado al tanto de las gestiones de
su jefe de seguridad, el general Luis Iriarte, para utilizar los servicios de
Diodato con el objeto de adquirir equipos modernos de interceptación de
llamadas para operar desde el propio Palacio de Gobierno.
Lo que sí está claro es que Diodato, al margen de sus relaciones de amistad y
de trabajo con los militares, dedicaba el grueso de sus esfuerzos a la
administración de casinos ilegales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y en
este empeño estaba, con el tácito consentimiento de los últimos tres
gobiernos en el país y de los jefes policiales respectivos, cuando se produjo
su detención.
Si Diodato no se metía con la interceptación de llamadas de la FELCN (leáse
DEA), quizás podía seguir con su negocio hasta las calendas griegas.
Por eso es que la montaña de acusaciones contra Diodato está desmoronándose
como si fuera de arena a medida que pasan los días y al final quizás sólo lo
sancionen por no haber devuelto a tiempo al ejército un pequeño arsenal de
armas sofisticadas que se le entregó supuestamente para que las arreglara.
Ya un tribunal militar ha establecido en primera instancia que no hay culpa
ni delito en ninguno de los jefes acusados por haber permitido que Diodato
forme parte de nuestras fuerzas armadas.
En esto se sigue una tradición. Los extranjeros son recibidos con los brazos
abiertos por nuestros militares, aun en casos de inteligencia al más alto
nivel o del más riguroso secreto.
Nadie creo que ha dejado de ver la foto de nuestro compatriota Freddy Alborta
que recorre el mundo desde aquél 9 de octubre de 1967 en la que el Ché
Guevara aparece expuesto en la lavandería de la escuelita de la Higuera. Uno
de los hombres allí presentes con el uniforme de capitán del ejército
boliviano es el agente de la CIA, el cubano Félix Rodríguez.
Su compañero. Julio Gabriel García, también cubano, fue el primero en
fotocopiar el diario del guerrillero y arrancarle cinco hojas, sin el
conocimiento de nuestros expertos de la Sección II.
Ambos, junto con el enterrador del Ché, el también cubano Gustavo Villoldo
Sampera, circulaban por todo el territorio nacional enfundados en ropas de
nuestro ejército, con credenciales del alto mando militar y con las
respectivas autorizaciones para portar armas. Es más, a García el presidente
René Barrientos le obsequió tres fusiles Mausers y el general Joaquín Zenteno
Anaya regaló a Rodríguez la pistola del Ché.
Así que no tiene nada de raro que Diodato haya llegado al grado de capitán
por enseñarle a nuestros soldaditos a tirarse en paracaídas, sin tener
siquiera el grado de instructor del ejército italiano para esos menesteres,
contrariamente a decenas de nuestros militares diplomados en Panamá en esa
especialidad.
En la misma medida en que están desapareciendo los gravísimos cargos contra
Diodato, así también crece la especulación de que el hombre talvez es víctima
de otros intereses más poderosos. Quizás la "mafia italiana" es apenas un
grupo de aprendices ante otra mafia que se mueve entre las sombras a la
espera de la oficialización de los casinos en Bolivia.
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