¿Y AHORA QUE?

Por Hernán Maldonado

Al terminar la Guerra del Chaco el nacionalismo revolucionario irrumpió en la agenda política nacional para enterrar al estado minero-feudal. Fue necesario que 50.000 bolivianos murieran para que nos diéramos cuenta que Bolivia merecía mucho más que los doctorcitos y militarcitos que por encomienda de la rosca malgobernaban el país.

Tuvieron que transcurrir casi dos décadas antes que se produjera el liberador 9 de abril del 52. La nacionalización de la minas, el voto universal, la reforma agraria y una pálida reforma educativa, fueron los pilares en los que asentó el producto del pensamiento nacionalista nacido en los arenales del sureste.

Los intereses afectados conspiraron para derrocar al nacionalismo revolucionario. Los barones del estaño financiaron los intentos de la Falange Socialista Boliviana y los terratenientes expulsados de la gleba y sus hijos se pusieron las camisas blancas y gritaban en las calles: “Preferimos estar bajo la bota militar que bajo la abarca de un indio”.

Los movimientistas, en lugar de sembrar de escuelas y colegios el campo, creyeron que con dotar imperfectamente de tierras a los campesinos al viejo grito de “la tierra es de quien la trabaja” cumplieron su gran cometido, cuando en realidad, a los propósitos inmediatos de mantenerse en el poder, lo que hicieron fue trocar el pongueaje tradicional por el político.

Desperdiciaron una gran oportunidad para incorporar verdaderamente a la vida nacional a esa gran masa de nuestra sociedad. Si lo hubieran hecho, esta es la hora en que se hubiera evitado la insurgencia de los Mallkus. Lo que tendríamos serían estadistas de la talla de Víctor Hugo Cárdenas y estoy seguro que nadie disputaría el liderazgo de este tipo de hombres.

Pero no ocurrió así. Los políticos y los militares, estos últimos especialmente con Barrientos y Bánzer, arquitectos de los amañados Pactos Militares-Campesinos, prostituyeron más a los indígenas o los enfrentaron en guerras fratricidas como las capitaneadas por los caciques Rojas y Soliz entre urureños, punateños y cliceños a comienzos de los 60.

Demagógicamente se les hizo creer que eran gobierno al entregarles a sus más conspicuos representantes el ministerio de Asuntos Campesinos. Durante años esos líderes, sin apenas saber firmar su nombre, calentaban sus asientos, sientiéndose tan indefensos o impotentes como cuando les entregaban un fusil y los mandaban a morir en el Chaco.

La crisis de abril y septiembre han traido sobre el tapete el “descubrimiento” de la existencia de las dos Bolivias, la rural y la urbana, que no es tal porque siempre han existido, a pesar de la Reforma Agraria, a pesar de la Revolución Nacional. Antes postergaron al indio los patrones, después los políticos.

Ahora, una toma de conciencia digitada por un ideólogo que a sí mismo está muy lejos de catalogarse como indio, hace eclosión en forma de una protesta colosal. No tiene un contenido político definido al punto que las líderes repiten el absurdo de dividir el país entre los tharas y los karas, como si Bolivia en su 95.5 por ciento no fuera un país de indios y mestizos.

El absurdo, en otra muestra de su precariedad política, también incurre en el error de distanciarse de la Bolivia quechua, de la Bolivia chiquitana, guaraya, chaqueña, etc. Y no solamente eso, sino que apunta a crear un estado dentro del estado, si hemos de hacer caso a las propuestas del ideólogo y del mismo Felipe Quispe Huanca.

Un primer resultado de este esfuerzo desglobalizante es la fuerte oposición que ha despertado en el Oriente el acuerdo logrado por Quispe Huanca y el gobierno para eliminar la Ley INRA. Es la peor de las derrotas, no de este gobierno, sino del país, porque esa ley fue el producto de cuatro años de esfuerzos, de millones de dólares, de miles de horas de reuniones, de consensos, de viajes.

Es claro que la ley podía perfeccionarse, pero de ahí a borrarla de un tirón, hay un trecho enorme y las consecuencias son de una gravedad que parecen no haberla meditado lo suficiente nuestros gobernantes y, por supuesto, el Mallku y los suyos. Esa ley no se hizo de la noche a la mañana. El parlamento lo único que hizo fue sancionar lo que hicieron técnicos nacionales y extranjeros y los principales protagonistas, empresarios agrarios, campesinos y los representantes de los pueblos originarios.

Según el acuerdo, otra ley debe reemplazarla dentro de 60 días. Esperen sentados.

De una enorme tragedia como la del Chaco, surgió un horizonte para el país, bueno o malo, pero una generación se trazó un objetivo y lo materializó con el tiempo. Y ya no es hora de analizar sus resultados. De lo que se trata ahora es de saber si la crisis de septiembre trae algo parecido. Hay que preguntarse si el actual sistema gobernante tiene futuro, atado como está a una clase política incapaz, negligente y corrupta o emerge un nuevo liderazgo, con ideas claras sobre lo que debe hacerse.

Yo no veo nada claro en el horizonte. Más mal veo con preocupación que las nuevas generaciones parecen abstraerse del análisis político de la situación. ¿No es sintomático el silencio de nuestros universitarios? Peor aún, en lo peor de la crisis de septiembre, el diario Los Tiempos trajo una nota en su portada que titulaba más o menos así: Los universitarios de San Simón coparon ayer las calles con los ensayos para la gran entrada universitaria…

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