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Miércoles 25 de agosto de 1999


LOS PINCHAZOS TELEFONICOS

Por Hernán Maldonado


Miami - A menos que en las próximas semanas surjan pruebas más concluyentes de la vinculación de Marco Marino Diodato con el narcotráfico, de lo que más se le podría acusar al italiano es por el "delito" de haber pinchado teléfonos.

Y pongo la palabra entrecomillada porque el pinchar teléfonos, en el estricto sentido de la palabra, todavía no es un delito en Bolivia, sino un principio enunciado en la Constitución Política del Estado (CPE), relacionado a la privacidad del individuo, (y en el Código Penal con una tipicidad muy amplia) que en un proceso judicial podría ser como una goma de mascar, es decir encogerse y estirarse según quien la tenga en la boca.

En el nuevo Código Procesal Penal - por presiones de la embajada de Estados Unidos, para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico (según aseguran las malas lenguas) - se da la luz verde para que las grabaciones, producto de intervenciones telefónicas (pinchazos) sirvan de prueba en los procesos judiciales.

Contra la vigencia de este artículo se ha levantado casi todo el país. Los sindicatos y asociaciones de periodistas llevan la voz cantante sosteniendo que corre el riesgo de vulnerarse la privacidad de los bolivianos, porque obviamente nadie podría en adelante asegurar que sus conversaciones no están siendo escuchadas o grabadas por un tercero.

La oposición al artículo está demorando el estudio de una ley de protección a las comunicaciones, que es la que debe regular y especificar todo lo relacionado con la disposición general que nace en la CPE, está tipificado deficientemente en el Código Penal y ahora busca quedar inscripto en el Código de Procedimiento Penal.

Llegado el caso, como las leyes penales no tienen carácter retroactivo, es muy probable es que Diodato aparezca más inocente que un recién nacido, pese a que esta más o menos comprobado que dirigió, con la ayuda del general Iriarte, una red de espionaje y contraespinaje desde el propio Palacio de Gobierno.

Ya sabemos que a Diodato se le cayó el mundo cuando se le ocurrió "pinchar" los teléfonos de la FELCN, el brazo operacional en Bolivia de la DEA estadounidense. Muchos días después de su detención se le acusó de vínculos con el narcotráfico y el italiano amenazó con quitarse la vida si se le aplicaba la Ley 1008.

Después decidió seguir vivo, porque los que lo acusaban de narcotraficante, mostraron pruebas tan deleznables, que un juez medianamente imparcial tendría que mandarlo a su casa nuevamente.

Pero al margen de lo que ocurra en el teleculebrón Diodato hay que concluir en que la modernización de las leyes -empeño que viene desde el gobierno de Jaime Paz Zamora - ha encontrado al país impreparado para enfrentar los desafíos que cada día tenemos ante el avance de la tecnología.

Por otra parte también ha revelado que lo que se hace ilegalmente y en las sombras de una manera consetudinaria es altamente criticado cuando se trata de legalizarlo. Más hipócrita todavía es el hecho de que por más que Bolivia no reglamente los "pinchazos", estos seguirán existiendo como han existido desde siempre.

El coronel Claudio San Román, desde su bunker del Control Político, desbarató una media docena de complots de la Falange Socialista Boliviana en los años 50. Si uno lee los diarios de la época, fácilmente comprobará que el astuto militar transcribía centenares de hojas de conversaciones entre los complotados. Obviamente esas conversaciones no llegaban a sus manos por obra del Espíritu Santo.

Y para hacer la interceptación de esas llamadas telefónicas, San Román tenía una carreta tirada por bueyes en comparación con lo que podría ser hoy un Mercedes Benz. Y en esas épocas los equipos eran de difícil acceso, en cambio hoy en cualquier casa especializada de Miami usted puede comprarlos a precio de ganga y desde 100 dólares para arriba.

Inclusive por menos dinero hay la posibilidad de hacerse de "un equipito", como el que se ofrece a los esposos o esposas, que sospechan infidelidades, consistente en un chupón casi imperceptible que hace de micrófono inalámbrico, conectado una grabadora colocada a prudente distancia.

En todo el escándalo formado, lo que no se ve en ningún lado o sólo esporádicamente, es un análisis de juristas sobre este tema.

Dado que por más que se prohíba la interceptación telefónica ésta seguirá existiendo en Bolivia - hay que partir de esta verdad innegable - lo que corresponde es apoyar su regulación teniendo por base los principios constitucionales de la defensa de los derechos humanos.

¿Cómo es que éste asunto es tratado en las legislaciones de otros países?

Debemos estudiar a fondo, como lo hace por ejemplo la Ley de Protección a la Privacidad de la Comunicaciones de Venezuela, la trascendencia de los "pinchazos", como prueba judicial, tanto en materia penal como en civil.

Es decir que los bolivianos no debemos discutir como si estuviéramos descubriendo recién el agua tibia, cuando este tipo de situaciones y conductas, a la luz de los adelantos de la moderna tecnología, tienen ya su legislación en varios confines del mundo.