Crimen electoral en Venezuela prueba estado de indefensión de los pueblos

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Crimen electoral en Venezuela prueba estado de indefensión de los pueblos

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

Los dictadores del socialismo del siglo XXI o castrochavismo tienen la característica de anunciar y promover los crímenes que van ha cometer, publicitarlos internacionalmente, cometerlos y terminar imponiéndolos como agenda política. Es la estrategia, que bajo el mando de Cuba, se aplica en Venezuela, Bolivia y Nicaragua para presentar como hechos políticos los más diversos y horrendos crímenes y permanecer indefinidamente en el poder con impunidad. Este es el caso del hecho criminal que denominan “elecciones parlamentarias de Venezuela” -6 de diciembre 6D- que prueba el estado de indefensión de los pueblos.

Insisto que en Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua no hay elecciones, son votaciones en las que el ciudadano es forzado a votar pero no puede elegir. El ciudadano vota pero no elige, lo violentan viciando de nulidad su voluntad que es suplantada y/o manipulada por medio del fraude, las falsificaciones y los delitos que liquidan el sufragio universal, la igualdad de las personas y hacen imposible las elecciones “libres y justas”. El castrochavismo ha hecho de la manipulación de las elecciones uno de sus elementos fundamentales por medio de delitos.

Los regímenes del castrochavismo se han establecido en el concepto de “dictadura electoralista”, que he definido como “el régimen que por la fuerza o violencia concentra todo el poder político en una persona o grupo, que reprime los derechos humanos y las libertades fundamentales y que utiliza las elecciones como medio de simulación y propaganda para mantenerse indefinidamente en el poder”.

Las dictaduras castrochavistas usan el “fraude sistémico” que es el introducido en sus constituciones y leyes infames para desvirtuar el sufragio universal y hacerlo desparecer mientras lo proclaman, extinguir la igualdad de los ciudadanos y manipular las leyes para construir mayorías absolutas con minorías falsificadas. Usan también el “fraude fáctico” o de hecho, obligando al ciudadano a votar con amenazas de empleo, presión con el hambre y necesidades, uso de violencia, manipulación tecnológica de los resultados, complicidad de “opositores funcionales”, inexistencia de autoridades imparciales, falsificación del padrón electoral, alteración de registros y mas.

Observando el caso de las llamadas elecciones parlamentarias de Venezuela 6D, de manera enunciativa y no limitativa los hechos criminales cometidos para realizar esta “elección en dictadura” son los de suplantación de autoridades e instituciones creando una constituyente, imponer un apócrifo tribunal supremo de justicia, atribuirse los derechos del pueblo, persecución política contra líderes de la oposición y candidatos, detenciones ilegales, torturas, procesos amañados en justicia dictatorial, desconocimiento de capacidad jurídica a partidos de oposición, amenazas contra ciudadanos para forzarlos a votar, suplantación abierta del voto universal y secreto en el caso de poblaciones indígenas, falsificaciones materiales e ideológicas, uso de instrumentos falsificados, uso indebido de fondos públicos, producción y difusión de noticias falsas y mas.

Lo hicieron en Bolivia el 18 de Octubre y lo repiten el 6D en Venezuela. Comenten decenas de delitos concatenados entre si, concursos delictivos ideales y reales, verdaderas puestas en escena criminales anunciadas, con guión, publicitadas, llevadas a cabo con premeditación, alevosía y gran éxito, que rematan en la impunidad que genera indignación, incertidumbre, frustración e impotencia en los pueblos que quedan en un probado y repetido “estado de indefensión”.

Frente a los crímenes que el socialismo del siglo XXI llama “elecciones”, los pueblos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua están indefensos. El estado de indefensión es la “situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho” y su consecuencia es la “nulidad de lo actuado”. La uniforme jurisprudencia establece que en el estado de indefensión el ciudadano se “encuentra inerme o desamparado, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios insuficientes para resistir o repeler la agresión, la vulneración de su derecho fundamental”.

Ejecutados los crímenes electorales en Bolivia y en usufructo de sus resultados con reposición de la dictadura plena, en curso de aplicación de los crímenes en Venezuela para terminar con la Asamblea y el Presidente Legítimo con complicidad internacional anunciada, vienen los mismos delitos en Nicaragua y los pueblos están indefensos. Revertir esta situación es la tarea de los organismos internacionales, de los países democráticos y de las oposiciones verdaderas.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, fue 5 veces ministro de Estado en Bolivia y actualmente es el Director Ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy.