El golpe de octubre de 2003 que convirtió a Bolivia en dictadura y narcoestado
Por Carlos Sánchez Berzaín (*)
Han pasado 20 años del 17 de octubre de 2003 en que el presidente constitucional de la República de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su gobierno de coalición fueron derrocados violentamente iniciando un proceso que presenta hoy un país sin democracia, sin república, sin respeto a los derechos humanos, sin mar, sin gas, sin economía, sin seguridad y sin soberanía. La realidad de Bolivia y el esclarecimiento histórico de los hechos, demuestran que lo que el socialismo del siglo 21 llamó “guerra del gas” fue un “golpe de estado contra el pueblo boliviano” que ha convertido a Bolivia en dictadura y narcoestado.
La narrativa para generar violencia destinada a derrocar el gobierno democrático fue la de oponerse a la venta de gas boliviano a los Estados Unidos y México pasando por puertos chilenos que se extendió a la oposición de vender gas a Chile. En enero del año 2000 habían intentado derrocar al presidente Banzer con la denominada “guerra del agua” y en febrero de 2003 ya habían ejecutado un golpe de estado con intento de asesinato del presidente Sánchez de Lozada como lo prueba el informe de la Organización de Estados Americanos.
El siglo XXI nació con el populismo bolivariano por la llegada a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez en 1999, quien de inmediato salvó a la dictadura de Cuba de Fidel Castro que agonizaba en su periodo especial, solo sostenido nominalmente por el Foro de Sao Paolo creado por Lula da Silva para tal fin. Castro, Chávez y Lula iniciaron el siglo XXI en las Américas creando el mecanismo antidemocrático que llamaron movimiento bolivariano, proyecto Alba y luego socialismo del siglo 21 o castrochavismo, que solo es la recreación del castrismo para expandir sus dictaduras y control del poder por el crimen organizado.
La tormenta perfecta contra la democracia en Latinoamérica se formó por la agresión con dinero venezolano del proyecto castrista con Hugo Chávez al mando y se integró por las consecuencias del ataque terrorista que sufrió Estados Unideos el 11 de septiembre de 2001. El presidente George W. Bush y su administración abandonaron la política de estado que se implementaba desde la Primera Cumbre de las Américas de 1994, para concentrar acciones y recursos en las guerras contra el terrorismo. Aunque el mismo 11 de septiembre de 2001 se firmaba en Lima-Perú la Carta Democrática Interamericana, resultado del proceso de cumbres de las Américas, el soporte a la democracia, lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo no islámico y la relación con Latinoamérica decayó drásticamente dejando abierto el camino al castrochavismo.
En 20 años ha quedado claro que el derrocamiento del presidente de Bolivia en 2003 no se hubiera producido sin la traición de su vicepresidente Carlos Mesa quien luego de asumir el mando con su felonía, firmó decretos de amnistía a los derrocadores para permitir la impunidad de Evo Morales y su candidatura a la presidencia e impulsó la persecución política judicializada de los derrocados. La amnistía es “perdón de delitos” y los decretos en sí mismos confiesan los crímenes cometidos, que incluyen a Mesa.
Importantes estudios documentan y prueban el golpe de estado y la construcción de la dictadura castrochavista en Bolivia, incluidas las confesiones en discursos públicos de Evo Morales y su cómplices que han reivindicado el derrocamiento violento. En su libro “La caída de Goni” Felipe Quispe confiesa el golpe de estado, su equipamiento armado e incluso intentos de asesinato que realizó; el académico Hugo Balderrama acaba de publicar “Bolivia: del golpe 2003 a la dictadura/narcoestado; el investigador y periodista Emilio Martínez Cardona ha publicado “los 5 Mitos de Octubre” donde demuestra “que los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas”; muy temprano el escritor y periodista Cayetano Llovet en su obra “Sendas de Libertad” no ofreció pasajes de la historia que muestran la traición de Mesa describen el golpe.
Bolivia tiene hoy más de 260 presos políticos y más de 9.000 exiliados con la misma metodología de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no existe estado de derecho, no hay separación ni independencia de poderes y se prepara un nuevo fraude electoral para 2025 basado en la falsificación del padrón electoral con más del 20% de fantasmas, sin autoridades imparciales, con oposición funcional activa y control de prensa.
En 2003 Bolivia tenía solo 3.000 hectáreas de coca ilegal, hoy ronda las 100.000 porque han convertido a las federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína que lidera Evo Morales en partido político el Movimiento al Socialismo MAS que controla el gobierno, estructurando el narcoestado. Es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela y por mandato de la dictadura jefe de Cuba ha entregado sus reservas de litio a China y Rusia y ha firmado pacto militar con Irán convirtiéndose en la base de amenaza a la paz y seguridad de la región.
El pueblo boliviano no tiene seguridad, no tiene dólares, no tiene economía, no tiene independencia y sigue la conspiración para destrozar la “nación boliviana”. El golpe de 2003 le arrebató el poder y la libertad al pueblo boliviano. Fue un golpe contra Bolivia y los bolivianos.
(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista y politólogo. Actualmente es Director del Interamerican Institute for Democracy.