Poder judicial sometido en Argentina y Bolivia, persecución e impunidad

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Poder judicial sometido en Argentina y Bolivia, persecución e impunidad

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

Imparcialidad, independencia e idoneidad son condiciones individuales esenciales en los jueces y son principios institucionales imprescindibles del Poder Judicial. La realidad objetiva en Argentina y Bolivia, demuestra la aplicación de acciones de gobierno para someter el poder judicial al poder político, convirtiendo la justicia en mecanismo de persecución política y en garantía de impunidad de corruptos y criminales de esos gobiernos y sus entornos.

En las Américas, la “separación e independencia de los poderes públicos” es una obligación legal como “elemento esencial de la democracia” de acuerdo al articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana, además de estar contenido en sus constituciones. La independencia necesaria es la del Poder Judicial por su función de “impartir justicia” y “poner límites a los otros poderes”.

Sin sistema de justicia independiente no hay democracia. Si el poder político somete al poder judicial, desparece la protección de la libertad, de los derechos humanos y las personas quedan expuestas al arbitrio del gobierno y en “estado de indefensión”. La triste prueba es Cuba, donde desde hace 61 años la dictadura usa los jueces y el “orden legal infame” que ha creado para reprimir, perseguir, someter y asesinar a la gente.

Con Néstor Kirchner en la Presidencia de Argentina el 25 de Mayo de 2003 se iniciaron mas de 12 años de gobierno hasta el 10 de diciembre de 2015 cuando su viuda Cristina Fernández de Kirchner entregó el poder a Mauricio Macri. Desde el 10 de diciembre de 2019 lo han retomado con la fórmula Alberto Fernández/Cristina Kirchner. Las características del periodo Kirchner de 2003 a 2015 son la desinstitucionalización de la democracia, la persecución política judicializada, su alineamiento con el socialismo del siglo XXI o castrochavismo, la corrupción y el deterioro de la economía y de clase media (que también han retomado).

Evo Morales llegó al poder el 22 de Enero de 2006 con un mandato de 5 años sin posibilidad de reelección continua y permaneció casi 14 años hasta su renuncia el 10 de Noviembre de 2019. Las características de su régimen son la suplantación -en base a falsificaciones y violencia- de la República de Bolivia por un estado plurinacional, organización de un narcoestado, persecución política judicializada, dependencia del castrochavismo, corrupción, el deterioro económico y la inducción a la confrontación entre bolivianos.

Los gobiernos Kirchner en Argentina y Morales en Bolivia aplicaron la “utilización de la justicia para la persecución política”, que en el Ecuador de Correa se llamó “la metida de mano en la justicia”, que en Venezuela y Nicaragua se conoce como la “judicialización de la persecución política” con notables e innumerables víctimas.

Kirchner fue tras el control de la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, embistió a los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, avanzó sobre el Consejo de la Magistratura, copó el Ministerio Público Fiscal, instaló el principio de una “justicia militante” que persiguió y persigue a miles de civiles y militares. Morales suplantó la Constitución y la República de Bolivia y con la creación de su estado plurinacional cesó todos los magistrados, jueces y fiscales, copando todo el Poder Judicial con sus operadores con los que hizo mas de 600 presos políticos, 1.200 exiliados políticos certificados por ACNUR y miles de perseguidos.

La “impunidad” es característica común. No hay precedente en la historia argentina ni boliviana, del nivel, cuantía y expansión de la corrupción con pruebas de enriquecimiento ilícito. En el caso de Morales los crímenes se agravan por narcotráfico, masacres sangrientas, y acusaciones de tráfico de menores y estupro. Su poder judicial protege a Morales, al extremo que el Procurador de Bolivia acaba de presentar una demanda en la Corte Penal Internacional alegando que no la justicia en Bolivia está en manos de la dictadura.

El gobierno Fernández/Kirchner maniobra ahora mismo con una propuesta de reforma judicial, que es un nuevo y definitivo ataque contra la Corte Suprema cuya actual composición no garantiza la impunidad de Cristina Kirchner y su entorno que ya han salido de las cárceles. Aumentar el numero de miembros de la Corte Suprema y dividirla por salas de 3 ministros cada una, es la coartada para terminar de copar el Poder Judicial en Argentina.

Los perseguidos, presos y exiliados políticos de ambos países, soslayados por intereses de oposiciones funcionales, son prueba viva del sometimiento y manipulación de la justicia en Argentina y Bolivia.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo, 5 veces ministro de Estado en Bolivia y actualmente Director Ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy.