La justicia como instrumento de opresión de los regímenes castrochavistas

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La justicia como instrumento de opresión de los regímenes castrochavistas

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

Los jueces que tienen la misión de garantizar la libertad y los derechos de las personas, son utilizados por los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua para violar los derechos humanos, perseguir, encarcelar, confiscar, aterrorizar a los ciudadanos y garantizar la impunidad de los opresores. Un sistema de fiscales, procuradores y jueces al servicio del grupo de delincuencia organizada trasnacional que detenta el poder. Hacen de la justicia el más eficiente y repudiable instrumento criminal de opresión de las dictaduras castrochavistas.

La separación e independencia de los órganos del poder público es la base para garantizar la libertad del ser humano y por eso se recoge en la Carta Democrática Interamericana como un elemento esencial de la democracia que interactúa con la vigencia del “estado de derecho”. Sin frenos y balances, sin separación e independencia de poderes la democracia simplemente no existe porque el poder se concentra en un autócrata, dictador o tirano, o en un grupo de delincuencia organizada que ejerce el poder dictatorialmente.

Los jueces y el poder judicial son los encargados de proteger a los ciudadanos del exceso o abuso de poder mediante la aplicación de la Constitución y las leyes. Son los protectores de los derechos humanos que incluyen la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la intimidad, a la libre circulación, al asilo en caso de persecución, la nacionalidad, la familia, la propiedad privada, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y de opinión, al trabajo y al descanso, a la educación y más.

Desde la toma del poder en 1959 la dictadura de Cuba estableció y manipuló con el nombre de “justicia” un sistema de infamia para perseguir, encarcelar y asesinar a los opositores, ciudadanos con pensamiento diferente y grupos sociales que terminó destruyendo. De esta manera fusiló y asesinó a miles de personas, encarceló por años a miles de ciudadanos, forzó al exilio a millones de cubanos. La “justicia castrista de Cuba” se estableció como el más eficiente mecanismo de “control social” bajo la metodología del miedo con la represión judicializada para escarmentar a los disidentes y mantener en la impunidad total al dictador y los operadores del régimen.

El “castrochavismo” es solamente castrismo del siglo XXI. Se trata de la repetición con mejora tecnológica de los crímenes cometidos por la dictadura de Cuba de 1959 a 1999, que incluyen desde violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, terrorismo, tráfico de personas y más, hasta invasiones, guerrillas y exportación de mecanismos de conspiración, sedición, tortura y asesinato de reputaciones.

En 1999 Hugo Chávez salvó al castrismo del estado agónico en que se encontraba y entregándole dinero, petróleo y más tarde Venezuela entera, construyó el castrochavismo definido como “organización de delincuencia transnacional y no política que usurpa el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua”.

Por eso vemos con más frecuencia e intensidad la acción de los “jueces infames del castrochavismo” que han convertido la justicia en “instrumento de violación de derechos humanos”, que “no son jueces, son verdugos”, que hacen de los procesos judiciales “un sistema de linchamiento” y no de protección. Son criminales con agravante porque operan por mandato del crimen organizado que usurpa el poder, porque han instalado y sostienen el “estado de indefensión” violando los derechos humanos a nombre de la ley y la justicia.

Jueces infames son: los que en Cuba tuvieron casi 23 años en la cárcel a Armando Valladares, los que encarcelan y torturan a Luis Manuel Otero Alcántara y los más de 136 presos políticos certificados por Prisioners Defenders; los que acaban de realizar el asalto al diario “El Nacional” en Venezuela y los que mantienen presos y torturados a más de 320 presos políticos como lo certifica el Foro Penal Venezolano; los que mantienen más de 125 presos políticos en Nicaragua como lo demuestra Reconocimiento; los que tienen presa a la ex presidenta Añez y cerca de 100 bolivianos para imponer una falsa narrativa a la renuncia y fuga del dictador Evo Morales en noviembre 2019.

Jueces infames los que manejan juicios para perseguir opositores y líderes en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y no permitirles participar en política, mantenerlos residenciados o en el exilio, robarles sus bienes, asesinarles la reputación y con todo esto proteger a los verdaderos criminales que son los dictadores y sus entornos.

El mundo conoce el nombre de los dictadores y es tiempo de empezar a conocer por su nombre a sus jueces infames y los casos con que delinquen.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo, 5 veces ministro de Estado en Bolivia y actual Director Ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy.