MURIO CHAVEZ ¿Y AHORA?

Por Hernán Maldonado

En un país donde rige el sistema democrático de gobierno la sucesión presidencial debería ser clara como agua de manantial, pero no en la atribulada Venezuela donde según un alto dirigente oficialista: “La revolución está por encima de la Constitución”.

Si esto es así, la legalidad está por demás y todo puede hacerse, según el criterio del ex alcalde de Caracas, Freddy Bernal, actual diputado, coordinador de los grupos de choque oficialistas, y alto miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Cuando este fin de semana sea sepultado Hugo Chávez Frías y se hayan secado las lágrimas, por lo menos una mitad de los venezolanos se preguntará si Nicolás Maduro ejerce legalmente la presidencia temporal del país o si por el contrario se ha violado flagrantemente la Constitución.

“La Bicha”, como denominaba Chávez a la Carta Magna, en su artículo 233 establece que a la muerte de un presidente, si se produce antes de tomar posesión de su mandato, debe asumir el cargo el presidente de la Asamblea Nacional (AN) para convocar a nuevas elecciones en 30 días consecutivos.

Empero, el mismo artículo faculta al vicepresidente ejecutivo a asumir esa tarea, si la muerte se produce antes de que hayan pasado cuatro años del mandato. Sin embargo el artículo 229 establece que para encargarse de la presidencia, el vicepresidente debe renunciar porque le está prohibido postularse como candidato a la presidencia.

La diputada María Corina Machado sostiene sin duda alguna que el presidente de la AN, Diosdado Cabello, debe asumir por 30 días y convocar a las elecciones y que cualquier otra cosa es “completamente inconstitucional”.

Maduro, sin haber divulgado su renuncia, se autonombró presidente encargado, amparado en el último párrafo del artículo 233, con el respaldo de los gobernadores chavistas, el poder electoral, legislativo y judicial. Lo más importante, con el abierto respaldo militar.

El ministro de Defensa, Almirante Diego Molero, anunció la movilización de las Fuerzas Armadas “para garantizar el triunfo de Maduro” en las inminentes elecciones presidenciales. Violó flagrantemente la Constitución que establece que los militares no obedecen a parcialidad política alguna.

Pero las ilegalidades comenzaron el 9 de enero. Chávez, reelegido el 7 de octubre, debía posesionarse el 10. La Constitución señala que ese día termina y comienza un nuevo periodo. El Tribunal Supremo de Justicia chavista produjo un fallo estableciendo la “continuidad administrativa”, hasta que pudiera posesionarse Chávez.

El que Maduro ejerza la presidencia (Chávez lo nombró su heredero y pidió votar por él en su último mensaje al país el 8 de diciembre) significa que tendrá a su favor, como en su tiempo Chávez, las ventajas de las cadenas presidenciales, el ilimitado uso de recursos fiscales para movilización de personas y, fundamentalmente, mucho dinero.

El ex embajador en la ONU, Diego Arria, denunció que Venezuela está ante un segundo Golpe de Estado en menos de dos meses. La Mesa de Unidad, que aglutina a partidos de oposición, aparentemente espera que termine el duelo oficial antes de pronunciarse.

Cuando se mitigue el dolor se reactualizarán las tensiones políticas, agravadas por las consecuencias de la reciente devaluación y su secuela, el malestar social postergadas por la muerte del caudillo.