No otra cosa significa la desfachatez con la que los "honorables" diputados, que tienen la llave de la puerta de la despensa, resolvieron incrementar su presupuesto en un 7.8 por ciento mientras al grueso del pueblo trabajador se le aumentará en 1999 sólo un 2 por ciento, lo que equivale a una rebaja de sueldos porque se prevé una inflación del 5,5 por ciento.

A principios de octubre, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada pidió al gobierno que se abriera un debate para sentar las bases de lo que debería hacer el país para paliar en 1999 los efectos de la crisis asiática y rusa. Nadie le prestó atención y hasta fracasó el II gran Diálogo Nacional que, según el líder movimientista, debía ser aprovechado para aquél fin.

Un sector de la prensa y portavoces gubernamentales se apresuraron en sostener que lo ocurrido en Asia y en Rusia quedaba muy lejos como para llegar a afectar la economía boliviana. Sin embargo, el canciller Javier Murillo, en su discurso de fines de octubre en las Naciones Unidas, advirtió sobre aquellas y la eventual crisis en Brasil y pidió "aumentar nuestra oraciones".

("Bolivia y otros países tendremos que pagar la factura de errores ajenos, de inconsecuencias lejanas... y así como hemos globalizado las crisis, la pobreza y el desempleo, globalicemos también los compromisos para solucionarlos", dijo Murillo).

Lo de Brasil se paralizó con la reelección de Henrique Cardozo, pero lo ocurrido allende los mares no había estado tan lejos y ha llegado a Bolivia en la forma de una disminución dramática de las exportaciones de minerales, la caída de los precios y la baja de las hasta hace poco sólidas ventas de otros productos no tradicionales como la soya.

Como el horno no está para bollitos, el gobierno casi por debajo de la mesa aprobó un presupuesto de austeridad para 1999, tras convencerse que no podía aumentar los precios de la gasolina ni exprimir más el bolsillo del contribuyente.

Descartado como está el fabricar billetes sin respaldo, ha decidido que el pueblo se apriete los cinturones con la cantaleta eterna de que "el próximo año será mejor". Pero este cuento no se lo tragan más los trabajadores y apenas supieron del pírrico aumento propuesto – y pese al desfalleciente poder de convocatoria de la Central Obrera Boliviana – salieron masivamente a las calles ("Como no se había visto así en los últimos tiempos", según La Razón) a principios de este mes.

Los "honorables" diputados, que por ley deben aprobar en primera instancia el presupuesto general de la nación que plantea el Ejecutivo, resolvieron aumentar su partida de 160.5 millones a 173.1 millones. Más abusivo es su desparpajo, si se considera, por ejemplo, que las nueve prefecturas del país, verán recortadas sus asignaciones en 118.7 millones, o sea un 3.3 por ciento menos que en 1998.

La desverguenza es colosal si se mide por los resultados. Los diputados, en un año, no llegan a trabajar ni 120 días efectivos, gozan de permisos para ir a sus distritos con los gastos pagados, viajan por las aerolíneas nacionales sin comprometer su peculio, cuentan con ayudantes, secretarias y hasta tienen suplentes (que cobran también sin trabajar) y mensualmente ponen en sus bolsillos 20.800 bolivianos. Es decir, más de 20 veces lo que gana (si es que gana) un maestro de primera categoría y con 20 años de servicio. Así de inmoral.

Interpelado por los periodistas, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Carvajal, dijo que éstos podrían revisar sus gastos si hace lo propio, de los suyos, el Poder Ejecutivo. Otra obcenidad teniendo en cuenta que éste gobierno cautivó al electorado con la promesa de luchar contra la pobreza, lo que de ninguna manera cumplen ni legisladores ni ejecutivos.

La austeridad se la piden a Juan Pueblo, pero para ellos, no hay tal. El diario Los Tiempos realizó una encuesta según la cual todos los altos funcionarios del gobierno, con dos excepciones, estrenaron automóviles, algunos – como el que pidió rezar en la ONU - un BWM, a pesar de que los anteriores habían sido adquiridos hace menos de un año por el gobierno saliente y la mayoría encontrarse en perfecto estado de funcionamiento. El periódico cochabambino ironizó: "Le piden al pueblo apretarse los cinturones... y ellos se aprietan los de seguridad..."

Ahora los legisladores se van de vacaciones de fin de año y no regresarán el 2 de enero (como todos los demás), sino bien entrado ese mes, dejando por aprobar una decena de leyes que están estudiando desde que asumieron sus cargos hace 18 meses, entre ellas la nueva Ley de Procedimiento Penal, un plomo derretido en sus manos pese a la urgencia con la que la necesita el país.

Por menos de esos abusos y negligencia el presidente peruano Alberto Fujimori clausuró el Congreso a principios de esta década y hace 10 días el electorado venezolano le dio la espalda a los partidos políticos que le han engañado con falsas promesas de bienestar durante 40 años.

Por supuesto que hay un congreso elegido, pero el coronel Hugo Chávez, que asumirá el 3 de febrero como nuevo presidente constitucional y que conoce las vagabunderias de los politiqueros, ha dicho claramente que les dará dos semanas para aprobar la convocatoria a una asamblea constituyente, so pena de hacerlo él mismo.

Mientras tanto, nuestros politicos –oficialistas y opositores- tan prestos a beneficiarse a si mismos apenas se encaraman en el poder, y que harían bien en poner sus barbas en remojo, que se olviden de un apacible 1999 en el campo social.