LOS PILLOS LIBRES,
LOS INOCENTES ENCARCELADOS

Por Hernán Maldonado

La convulsión social que esta semana se aviva en Bolivia tiene causas que no han sido resueltas desde hace muchísimos años y que han tocado fondo ahora con un gobierno completamente incapaz y sin ideas, sin liderazgo y que como último recurso toca la puerta de los cuarteles para la represión.

Miles de hombres y mujeres, ancianos y niños se lanzan a las calles, a los caminos reclamando derechos, pan, techo, educación, justicia y marchan con los dientes apretados porque a la situación, de caos absoluto y de completa desesperanza, lo han llevado una camada de políticos incompetentes y corruptos.

La bronca es general. Miles de desempleados sin ninguna esperanza de futuro, la educación fiscal en sus peores niveles, la escasa producción casi estancada, sin fuentes de financiamiento; el Estado manejado con una improvisación desesperante, la salubridad en una escala nunca antes vista y un largo etc, etc.

Y en medio de todo este desolador panorama, la sonrisa insolente de los pillos para los que nuestra justicia es ciega y sorda y que sólo parece “funcionar” para los pobres, para los que no pueden ufanarse de contar con un ejército de abogados y que ni siquiera tienen para el papel sellado.

Dos casos son ilustrativos por haber ocurrido la semana pasada. El diputado Roberto Landívar, que debía ser echado con ignominia de su curul, pero que es protegido por sus pares en el Congreso al negarse a levantarle la inmunidad parlamentaria, acaba de burlar otra vez a la Diosa Temis.

El principal implicado en la quiebra fraudulenta del Banco Bidesa, del que se evaporaron millones de dólares, consiguió que la Sala Penal de la Corte de Santa Cruz dictara en su favor un recurso de Habeas Corpus, tras haber “probado” que, como abogado, primero debía ser un tribunal de honor de su Colegio el que dé la luz verde para su eventual juzgamiento.

Ya son cuatro años que el diputado del partido de Manfred Reyes Villa burla de una u otra forma los requerimientos judiciales para su desafuero. Y sigue tan campante, enjuiciando, paradójicamente, a todos los que quieren verlo entre rejas, como en justicia corresponde.

En el otro lado de la balanza, está el caso del regente Odón Mendoza, acusado hace dos años de haber violado y dado muerte a la niña Patricia Flores en una escuela de La Paz. Cuando el hombre fue recluido en la cárcel de Chonchocoro, sólo un milagro evitó que fuera linchado por los otros presos, como se ha hecho costumbre en nuestros penales con acusados de ese tipo de delitos.

Mendoza, un hombre que trataba de olvidarse de su pobreza con frecuentes visitas a los bares de mala muerte, parecía el hombre a la medida que buscaban los policías para inculparlo del atroz hecho. Los policías, además, estaban presionados por una opinión pública que les enrostraba su incapacidad a diario.

Tan convincentes fueron los “investigadores”, que hasta Amalia Pando, en uno de los informativos de PAT, virtualmente “condenó” a Mendoza al reconstruir el caso y “probar” que los zapatos que calzaba el día de los hechos coincidían con el color de las rayas que había dejado el delincuente en las paredes que transpuso para cometer el delito.

Pero Mendoza mantenía su inocencia. Lo que no tenía era dinero para demostrarlo. Luego el FBI norteamericano, ante la falta de laboratorios de criminalística en Bolivia, examinó las muestras de sangre y semen dejadas en la occisa y estableció que no coincidían con las de Mendoza.

El juez Armando Pinilla, a cargo del caso, se mantuvo imperturbable y continuó dejando pasar las semanas y los meses. A fines del 2000, dijo que no tomaba en cuenta el informe del FBI porque la traducción la había hecho la embajada americana y que él sería quien ordenaría una nueva.

Después de dejar pasar otros cuantos meses, Pinilla ahora calificó la fianza para la libertad provisional de Mendoza fijándola en 50.000 dólares, algo completamente desproporcionado a la realidad judicial boliviana y a las posibilidades de Mendoza.

Por supuesto que Mendoza seguirá en la cárcel. Ni siquiera se le habrá ocurrido pensar quién le pagará los daños morales, materiales en que se le ha sumido por el único delito que ha cometido: ser pobre.

Este estado de cosas, esta injusticia de la justicia, esta manera de juzgar a los pobres, también atiza el fuego que esta semana se enciende en el país.

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