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Domingo 30 de enero del 2005
"EN EL MARCO DE LA LEY..."
Por
Hernán Maldonado
Estos días Bolivia entró en un concurso de dudosas proclamas a la legalidad tanto del gobierno como de los comiteístas cruceños, cuando en el fondo ambos se han saltado a la torera la Constitución Política del Estado (CPE), la supuesta ley de leyes, en este país o en Mongolandia.
El Comité Pro Santa Cruz, con ciertas actitudes que hicieron recordar a su predecesor de los años 50 (y que hizo temer en el exterior que podría producirse otro Terebinto), con su movilización, le ganó de mano a muchos "occidentales" propulsores de la Asamblea Constituyente.
Los revoltosos alteños, que todavía se jactan de haber derrocado al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, debieron olvidarse de sus reclamos por el alza del precio de los combustibles y unirse en torno al presidente Carlos Mesa, para conjurar "el peligro de la escisión territorial".
El Movimiento al Socialismo (MAS) demostró su enanismo político, primero al amenazar a Mesa con incendiar Bolivia por el alza de los combustibles, y después recular porque como abanderado de la "refundación del país" estaba siendo rebasado por los hechos de Santa Cruz.
Su líder, Evo Morales, con esa simpleza que lo caracteriza, había declarado cándidamente en cadena de radio y televisión nacional, que estaba presto para gobernar, cuando Santa Cruz (que parece ignorar lo que se piensa en los cuarteles) le estaba removiendo el piso no sólo a Mesa, sino a todo lo que Morales representa en la actualidad.
Muy tarde Morales se dio cuenta de que la cuestión no pasaba simplemente por declarar a Mesa "enemigo del pueblo boliviano". Por eso en los últimos días cambió su discurso y ahora enfila sus baterias contra los comiteístas "oligarcas y proimperialistas".
El Alto y el MAS, que se consideran el hueco del buñuelo en la política actual boliviana, parecen estar recién tomando conciencia de lo que verdaderamente hay detrás del comiteísmo cruceño.
Ese movimiento que quiso pasar por encima de la CPE eligiendo sus propias autoridades, fue interpretado en el exterior como un acto separatista. Varias agencias internacionales de prensa reforzaron sus corresponsalías en Bolivia ante lo que temían el comienzo de una balcanización del país.
Algunos corresponsales alegremente dijeron que Bolivia vivía los prolegómenos de un enfrentamiento oriente-occidente, algo alejado a la realidad al punto que tras el "cabildo" (Parece mentira pero Santa Cruz en pleno Siglo XXI echa mano de instituciones coloniales) decenas de miles de cruceños iniciaron el carnaval.
Pero si Santa Cruz ("Artículo 4. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por la ley".) se puso la CPE en el bolsillo trasero, como dicen que solía hacerlo Mariano Melgarejo, el gobierno de Mesa, que tanto clamó por su respeto, hace lo mismo.
Porque sino, ¿cómo interpretar el decreto de convocatoria a elecciones para la elección de prefectos? Hasta un estudiante de primer año de Derecho sabe que un decreto no puede modificar una ley, ni ésta a la CPE, por supuesto.
Y da la casualidad que la CPE otorga al Presidente de la República la facultad indelegable de designar sin intermediarios a los funcionarios públicos ("Art. 96. Ordinal 15.- Nombrar a los empleados de la administración cuya designación no esté reservada por ley a otro poder").
Por el decreto 27988 se modifica la CPE al permitir que los prefectos a elegir sean los ganadores de comicios populares, algo que quizás debiera hacerse, por ser más democrático, pero que a la luz de la actualidad jurídica del país es sencillamente ilegal.
La designación de las primeras autoridades de departamento es vital para un gobierno central y una república unitaria como Bolivia. Se supone que el presidente los nombra no sólo en base a su capacidad, sino a sus afinidades políticas, dado que deben ser sus estrechos colaboradores.
Ahora ¿qué tal si los prefectos que ha de elegir son sus opositores? La pregunta parece tener una sola respuesta, los hechos de Santa cruz precipitaron la tan ansiada Asamblea Constituyente, sin que el país se haya dado una nueva Constitucion que establezca su descentralización política y económica.
Ahora no queda sino esperar a que se den los pasos que han de conducirnos a esa Asamblea Constituyente, para muchos, la "refundadora del país", algo que ya escuché varias veces y más recientemente cuando se aprobó la CPE de 1961 que dio voto a los analfabetos, consolidó la Reforma Agraria, universalizó la educación, puso las FFAA al servicio del país, liquidó la oligarquía minero-feudal, etc, etc.
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