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PROHIBIDA LA INFAMIA Y LA MUERTE CIVIL
Por
Hernán Maldonado
El "hastio social" que causa la impunidad en Bolivia ha llegado a tales extremos que hasta Lupe Cajías, la coordinadora de la Unidad Técnica de Lucha contra la Corrupción (UTLCC) insta equivocadamente a revivir las penas de infamia y la muerte civil.
Es comprensible la bronca de la excelente periodista y novel funcionaria pública por los casos irresueltos, el descaro de los acusados y la lenidad de nuestros jueces y fiscales. Pero de allí a plantear algo que eliminamos desde la primera Constitución que nos dimos, es otra cosa.
Lupe Cajías visitó Sucre el pasado fin de semana. Exhortó vehementemente allí al poder judicial y la fiscalia a poner manos a la obra en la gran cruzada contra la corrupción.
A ella también debe parecerle una eternidad el plazo de 25 años. del que nos habló el vicepresidente Carlos D. Mesa, para acabar con ese flagelo que nos tiene deshonrosamente en los primeros planos mundiales.
En el caso concreto del ex prefecto Luis Alberto Valle, alias el "Chito", Cajías propugnó "aislarlo socialmente".
"Es importante que un señor, que ya no tiene solamente indicios de culpabilidad, si no que todo indica que realizó un manejo arbitrario, que dañó no solamente la economía del Estado, sino la confianza y la institución de la Prefectura de La Paz, sea castigado", dijo Cajías.
Según la agencia de informacion ABI, Cajías dijo: "Pedimos a las discotecas de Santa Cruz, donde se lo ve frecuentemente, a los restaurantes donde va a gastar el dinero que no se sabe de dónde ha venido, a las importadoras de motocicletas, que dejen de vender a este ciudadano, porque el dinero que él tiene actualmente, merece nuestra duda, de dónde ha procedido".
El problema está en que Cajías, como funcionaria gubernamental, no puede proponer penas que están prohibidas por nuestra Constitución desde que nos convertimos en república. No existen en nuestras leyes las penas de infamia y la muerte civil.
Otra cosa completamente distinta es que estas penas sean revividas algunas veces un poco folklóricamente. Es el caso del diputado Felipe Quispe que manda a "chicotear" a sus huestes desobedientes.
Hace cinco años, ante las sonrisas de Evo Morales, sus seguidores pasearon en la infamia por las calles de La Paz a uno de sus rivales en la confederación de campesinos. El pobre hombre fue despojado de sus pantalones y le pusieron unas polleras.
La muerte civil, muy propia de la Edad Media, consistía en despojar al condenado de sus derechos civiles, se le prohibia toda relación social. No tenía ninguna protección jurídica, por lo tanto estaba expuesto a cualquier ofensa o delito. Era "un muerto en vida".
No hay duda que muchos votaron por Gonzalo Sánchez de Lozada al haber prometido una gran lucha contra la corrupción. Ganó muchos puntos porcentuales al escoger a Mesa como su companero de fórmula y al darle, aun antes de su triunfo, carta blanca para luchar contra el flagelo.
Pero una cosa es estar detrás de un micrófono o en una redacción periodística y otra muy distinta en un escritorio en función pública. Los monstruos se hacen más grandes, parecieran inderrotables. La burocracia, el leguleyismo, la mediocridad son como el Illimani.
Y esa lucha debe ser todavía peor cuando se recibe un mandato como el que Mesa le dio a Cajías, con jurisdicción, pero sin competencia.
A propósito ¿por qué hasta ahora, pese a su mayoría parlamentaria, el gobierno no conseguido aún la ley que oficialice el funcionamiento de la UTLCC?
