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Domingo 2 de julio del 2006
SOSPECHOSAS ANALOGIAS
Por
Hernán Maldonado
Hay quienes creen que ciertas cosas que están ocurriendo en Bolivia ya ocurrieron antes en Venezuela. Una de éstas tiene que ver con la protección que acaba de otorgar el gobierno de Evo Morales a los izquierdistas paraguayos Abel Acosta Centurion y Blas Concepción Franco Aquino, pasándose por el forro una orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ambos sean detenidos con fines de extradición.
Los dos paraguayos están acusados de haber participado supuestamente en el secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, el 21 de septiembre del 2004. Los plagiarios cobraron un rescate de 800.000 dólares, pero ni aun así devolvieron a su víctima, quien fue hallada asesinada y enterrada a 21 kilómetros al sur de Asunción.
Acosta Centurion y Franco Aquino, detenidos en La Paz el 12 de mayo, fueron sorpresivamente liberados a las pocas horas. La familia de la joven se movió rápidamente para lograr la extradición y pese al vía crucis por el que pasó en Bolivia la madre de la joven, Mirtha Gusinky, consiguió que la CSJ ordenara la nueva detención de los sospechosos.
A pesar de esa decisión judicial, que de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional debe ser cumplida a través del Poder Ejecutivo, el canciller David Choquehuanca nos desayunó el pasado fin de semana con la resolución del Consejo Nacional de Refugiados (Conare) otorgando esa condición a los dos sospechosos.
La conducta de la cancilleria, de la que depende Conare, es sospechosa porque otros seis supuestos implicados en el asesinato no han recibido la misma gracia por el gobierno argentino, que los mantiene detenidos.
El anuncio de Choquehuanca causó estupor en la cancillería paraguaya que el mismo sábado convocó a dar explicaciones al embajador boliviano en Asunción, Marco Antonio Vidaurre para expresarle su "molestia y desagrado". Mientras la familia de la joven reitera a todo pulmón sus quejas de que "en Bolivia el gobierno hace lo que le da la gana".
Generalmente "el gobierno" es el Poder Ejecutivo y ahora está planteado qué posición tomará la CSJ, primero, para que se demuestre fehacientemente que hay independencia de poderes y, segundo, para que Morales, como lo establece el artículo 96 inciso 12 de la Constitución "haga cumplir las sentencias de los tribunales".
El caso de los paraguayos tiene analogías con lo ocurrido a comienzos del 2005 en Venezuela en uno de los hechos más emblemáticos de la protección del gobierno chavista a guerrilleros izquierdistas colombianos.
Por años el gobierno de Bogotá estuvo pidiendo a Chávez la entrega de Rodrigo Granda, el llamado "canciller" de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Caracas siempre negó tener noticias de su paradero (aunque posteriormente se supo que Granda no sólo tenía documentos de identificación venezolanos, sino que hasta votó en elecciones nacionales).
Los colombianos, en una operación comando y con la ayuda de unos mercenarios militares venezolanos, capturaron a Granda en Caracas y clandestinamente lo repatriaron a Colombia desatando la furia de Chávez que exigió la devolución del guerrillero so pena de romper las relaciones con Colombia. Ni Colombia devolvió a Granda, ni Chávez cumplió su amenaza.
Ahora el gobierno boliviano, que anda a los tumbos con Estados Unidos y nuestros vecinos Perú y Brasil, se abre otro frente con Paraguay por lo que el fiscal general paraguayo Rubén Candia denominó "la ideologización" del caso de los dos paraguayos acusados de asesinato.
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