El grave incumplimiento de las obligaciones con la libertad y la democracia en 2023 marca la agenda para 2024
Por Carlos Sánchez Berzaín (*)
La Primera Guerra Global iniciada con la invasión de Rusia a Ucrania se amplió con el ataque terrorista de Hamas contra Israel y el eje de confrontación de dictadura contra democracia, del crimen contra la libertad, se expresó globalmente. En las Américas, las dictaduras del socialismo del siglo 21 parte de la agresión y el terrorismo, aumentaron la violación de derechos humanos con su sistema de terrorismo de Estado, pero no evitaron su sostenido curso de caída solo retardado por liderazgos democráticos tolerantes que incurrieron en grave incumplimiento de sus obligaciones con la libertad y la democracia en 2023, lo que marca la agenda del 2024.
El año 2023 deja clara la confrontación global del crimen contra la libertad. El crimen operado por las dictaduras que ejercen el poder con “terrorismo de Estado” con el que delinquen desde el gobierno para producir miedo en la población a la que someten; el crimen con el que realizan, protegen y justifican el narcotráfico, el terrorismo internacional, las migraciones forzadas, la trata de personas, los asesinatos y todo tipo de delitos que intentan de presentar con narrativas de política; el crimen con el que grupos delictivos detentan el poder desde hace 65 años en Cuba, 25 años en Venezuela, 20 años en Bolivia y cerca de 40 años en Nicaragua.
La civilización está sostenida por un orden jurídico universal, fundado en el respeto y la protección de los derechos del ser humano, la vida, la libertad y la seguridad, no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre ni a torturas ni a penas o tratos crueles, el derecho a personalidad jurídica, la igualdad ante la ley, no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, la libertad de circulación, de expresión, el derecho a la propiedad privada….
El orden jurídico mundial es obligatorio y se expresa en la Carta de las Naciones Unidas, en tratados de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, de Estados Africanos…. en cartas o convenciones sobre materias específicas como la Carta Democrática Interamericana, la Convención contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo, la OTAN, el TIAR, en tratados de organismos especializados y centenas más, que se reproducen en las Constituciones nacionales…
El fenómeno del siglo 21 es que el crimen organizado se ha expandido en la toma gobiernos asumiendo poder político. Las Américas han pasado de una dictadura en 1999 -Cuba- a cuatro dictaduras (Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua) y cuatro gobiernos para dictatoriales (México/López Obrador, Chile/Boric, Colombia/Petro y Brasil/Lula). Los países y lideres de la democracia, en lugar de cesar la expansión y presencia del crimen organizado en el poder político, han dado reconocimiento.
La coexistencia y la relación igualitaria de la democracia con las dictaduras de crimen organizado es una violación flagrante a los principios jurídicos, humanitarios y políticos de la civilización. Igualar el cumplimiento del respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad y al derecho a la felicidad con quienes asesinan, torturan, persiguen, encarcelan, exilian, roban, trafican y someten a la gente, es violar e incumplir las leyes nacionales e internacionales a que están obligados los jefes de estado, jefes de gobierno y mandatarios en los países con democracia.
Lamentablemente esto ha sucedido el 2023 en las Américas; las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han operado como sujetos normales y sus grupos criminales integrados por dictadores, operadores, jueces y seudo legisladores han sido tratados como mandatarios de un poder popular que usurpan. Promovidos por los gobiernos para dictatoriales de Lula manipulado el poder de Brasil y de López Obrador malversando el de México, han hecho cumbres y eventos para presentar como normales a los dictadores criminales de la región, conseguirles fondos y darles sostenibilidad.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua pese a que son una unidad trasnacional denominada socialismo del siglo 21 o castrochavismo y que están integradas a la agresión y terrorismo internacionales de las dictaduras de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, no son viables ni sostenibles, están condenadas a desaparecer y transitan por su agonía a costa de la sangre, la miseria y la violación de derechos humanos de los pueblos. Las dictaduras castrochavistas están cayendo porque no tienen economía, tienen repudio popular, han perdido su narrativa de falsas revoluciones y no tienen opciones.
El año 2023 ha sido un año de derrotas para las dictaduras castrochavistas. Perdieron el gobierno para dictatorial de Fernández/Kirchner de Argentina; pese a haber asesinado a Fernando Villavicencio en Ecuador no pudieron reponer el correísmo; no pudieron penetrar Paraguay ni Uruguay; perdieron ante la democracia de Perú luego del golpe de Castillo en diciembre 2022 y la violencia desde Bolivia; la oposición verdadera de Venezuela eligió a María Corina Machado su candidata única con el 92,5%; delitos y alta traición de Petro en Colombia son de dominio público; la dictadura de Cuba fue declarada culpable por la CIDH por el asesinato de Osvaldo Paya y Harold Cepero; la dictadura de Nicaragua escapó de la OEA confirmando sus crímenes; el Tribunal Constitucional de la dictadura de Bolivia no tuvo más remedio que inhabilitar a Evo Morales….
La seguridad y la normalidad de los países democráticos de las Américas pasa por la liberación del pueblo de Cuba que traerá consigo la liberación de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y la desaparición de gobiernos para dictatoriales. Solo falta que los lideres y gobiernos democráticos cumplan sus obligaciones jurídicas, humanitarias y políticas para que “el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El grave incumplimiento de estas obligaciones en 2023 ha marcado la agenda del año 2024.
(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista y politólogo. Actualmente es el Director del Interamerican Institute for Democracy.