El pueblo de Chile y la Constitución castrochavista Plurinacional

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El pueblo de Chile y la Constitución castrochavista Plurinacional

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

A pocos días del plebiscito constitucional en Chile o plebiscito de salida, está demostrado que este proceso constituyente es una estrategia trasnacional para atacar la unidad de la Nación, destruir el Estado y confrontar al pueblo chileno. La prueba plena es el proyecto de Constitución que se votará el 4 de septiembre, con un “estado plurinacional”, la suplantación de la “Nación Chilena” por 11 naciones, la desaparición de la “igualdad ante la ley”, del derecho humano a la “propiedad privada” y notorias violaciones a la libertad que son copia de los textos con que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua oprimen a sus pueblos.

El plebiscito constitucional es “la última instancia del proceso constituyente que se inició con el Plebiscito Nacional 2020″, un referéndum popular y populista, también copia del modelo dictatorial que el socialismo del siglo XXI o castrochavismo ejecutó y manipuló en Cuba con los Castro, en Venezuela con Chávez y Maduro, en Bolivia con Morales y en Ecuador con Correa.

El proceso constituyente de Chile nace de la presión violenta repetida por la operación trasnacional del socialismo del siglo XXI o castrochavismo igual que en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Se articula con su metodología de transformar un problema de gobierno en un conflicto de estado y éste en una crisis de sistema, al que aplican la fórmula de convertir una minoría relativa en mayoría absoluta, como han hecho en Bolivia, Perú, Colombia y más.

El método para llegar a la Constituyente en Chile es relevante, pues se trata en una reforma constitucional acelerada, bajo presión de violencia que mediante Ley 21.200 publicada el 24 de diciembre de 2019 repone el “plebiscito” que figuraba en la Constitución denominada de Pinochet y que se había abrogado por Ley de Reforma Constitucional 2005, promulgada el 18 de agosto de 2005 por el presidente Ricardo Lagos, precisamente porque el plebiscito o los referéndums se consideran un mecanismo dictatorial.

Se repite hasta ahora que fue la mayoría del pueblo chileno el que votó por el proceso constituyente y eso es simplemente falso: de acuerdo a los datos del Servicio Electoral de Chile, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 solo votaron el 50,95% de los inscritos del que el 78,28% votó por la Constituyente, lo que representa solo el 39,61% de los votantes chilenos. Este resultado fue presentado como “la mayoría de la población” o “la “abrumadora mayoría de chilenos”, narrativa falsa que es la base de campaña que repite el presidente Boric para respaldar y ampliar la intervención castrochavista en su país.

Con la violencia como detonante, el retorno a instituciones dictatoriales como medio, la manipulación de cifras para generar narrativas falsas como mecanismo y la presentación de un proyecto de Constitución que viola los derechos humanos, lo que hace el proceso constituyente chileno es tratar de suplantar la constitución democrática aprobada en la gestión del Presidente Lagos por un proyecto de Constitución castrochavista copia de los peores contenidos de los instrumentos dictatoriales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

El proyecto de Constitución propuesto a los chilenos es un acto de invasión a su nación, a su economía, a su democracia y a la unidad cultural chilena que pretende ser quebrantada con la multiplicación de la confrontación plurinacional. Se trata de una copia de las peores falacias de las mal llamadas constituciones de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador que violan el derecho humano de “igualdad en dignidad y derechos” otorgando más derechos y poder a grupos que manipulan y que justifican como indígenas y minorías, que ya están incorporados desde hace mucho a la nación pero que son reactivados como mecanismo de subversión y conspiración.

La Constitución propuesta a los chilenos viola el derecho humano a la “igualdad ante la ley” estableciendo tribunales de excepción y viola el derecho humano a la “propiedad privada” para destrozar la economía de uno de los países más prósperos de la región. En una muestra del ataque transnacional buscan destrozar el sistema de “seguridad social” que es modelo internacional de reforma y modernización de este servicio.

Al violar los derechos humanos y la libertad, la Constitución castrochavista para Chile termina con la democracia ya que además elimina el derecho humano a la igualdad que es la base del sufragio universal que también queda liquidado al presentar individuos con mayores privilegios y derechos que otros, lo que termina con el concepto de “ciudadano”. Se ha usado como argumento del socialismo del siglo XXI la lucha contra la desigualdad y es precisamente “la desigualdad manipulada por un estado omnipotente” lo que trata de institucionalizar el proyecto de constitución que los chilenos votarán el próximo 4 de septiembre.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo. Actual Director del Interamerican Institute for Democracy.