Parlamentarismo para terminar con las dictaduras

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Parlamentarismo para terminar con las dictaduras y fortalecer la democracia en Latinoamérica

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

La falta de unidad de líderes, partidos y agrupaciones que luchan para recuperar la democracia en Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua es la debilidad más grande que impide derrotar a los desgastados e inviables dictadores. El reconocimiento de un liderazgo de consenso y la unidad de mando es casi imposible, cuando además las dictaduras operan opositores funcionales y aplican terrorismo de Estado. Luego, el problema es la ingobernabilidad por el mismo divisionismo que hace crisis en el sistema presidencialista. Veamos el parlamentarismo como opción para salir de las dictaduras y fortalecer las democracias en Latinoamérica.

El parlamentarismo es el sistema de gobierno en el que el pueblo elige los miembros del parlamento y la elección del gobierno (poder ejecutivo) emana del parlamento (poder legislativo), siendo el gobierno responsable ante el parlamento. La institución legitimada democráticamente con el voto popular es el parlamento que elige al poder ejecutivo que depende de la mayoría que lo respalde en el parlamento, esto es que “el gobierno depende de la confianza del parlamento y éste sustenta su poder en la legitimidad que le da la votación popular”.

El sistema parlamentario promueve el consenso y la negociación política abierta para formar mayoría. El debate entre presidencialismo y parlamentarismo es tan largo como la existencia de las repúblicas latinoamericanas. Chile fue República Parlamentaria de 1891 a 1924 y su estatus fue cambiado luego de un golpe de estado. Brasil fue República Parlamentaria de 1961 a 1963 y cambió por referéndum.

La proliferación de opciones, partidos y movimientos políticos y sociales, el divisionismo político y social, han contribuido al deterioro del sistema presidencialista en la región, dando origen a gobiernos débiles con sucesivas crisis que han convertido las crisis de gobierno en crisis de democracia.

El castrochavismo ha usado la debilidad del presidencialismo para tomar el poder y mediante modificaciones con apariencia de legalidad instalar “dictaduras electoralistas” que violan los derechos humanos, han liquidado el estado de derecho y la separación e independencia de poderes. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI se esfuerzan en simular democracia bajo la falacia de “nuevas formas de democracia” para lo que necesitan desconocer la Carta Democrática Interamericana que con fuerza de ley constitutiva señala los “elementos esenciales de la democracia’’. Su último esfuerzo puede verse en la reunión de la CELAC que acaba de fracasar.

Para una efectiva transición de dictadura a democracia es necesario cesar el sistema jurídico impuesto por los usurpadores del poder y evitar la impunidad. No hay transición posible con las leyes de la dictadura y con los verdugos incorporados como actores políticos impunes, pero tampoco hay futuro con el sistema que facilitó la instalación de las dictaduras.

El fracaso del gobierno de transición de Jeanine Añez (hoy presa política de sus beneficiados) y el consiguiente oprobio contra el pueblo de Bolivia, y la penosa situación del gobierno legítimo de Juan Guaidó en Venezuela, prueban que para recuperar la democracia se necesita concentración de una fuerza política que sea mayor que la fuerza criminal de la dictadura. Para recuperar la democracia se debe recuperar la “república” y el sistema presidencialista se presenta objetivamente como un obstáculo para la resistencia, la transición y el gobierno en democracia.

En lugar de que todos los líderes y grupos de oposición -funcionales y reales- sigan dispersando sus fuerzas en la lucha por imponer al que sería el próximo presidente, usarán el sistema parlamentarista de búsqueda de consensos y construcción de mayorías, se podría lograr la fuerza política necesaria para cesar la dictadura. Este sistema organizará las participaciones en el poder y retirada la dictadura, concentraría el poder político en un parlamento participativo, pluralista y tan diverso como lo decida el voto popular y ese parlamento elegiría al jefe de gobierno que se puede llamar presidente del gobierno para mantener nuestras aficiones a los títulos.

En el presidencialismo cuando un presidente es bueno el periodo de gobierno resulta corto y los muchos se ven tentados a “reformar la constitución” violándola para permanecer en el poder. Cuando el presidente es malo, cualquier forma de separación del mando queda bajo la sombra del “golpe de estado”. En esta realidad objetiva, pensemos encaminar la recuperación y gestión de la democracia al parlamentarismo, en el que un buen jefe de gobierno puede permanecer los 16 años de Merkel en Alemania, los 17 de Berlusconi en Italia o los casi 12 de Thatcher, sin ser dictador.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo, fue 5 veces ministro de Estado en Bolivia y actualmente es Director Ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy,