En los narcoestados del socialismo del siglo XXI el crimen suplanta la política

bomaher
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En los narcoestados del socialismo del siglo XXI el crimen suplanta la política

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En los narcoestados del socialismo del siglo XXI el crimen suplanta la política


Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

Los regímenes no democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua -cuya auto denominación política es “socialismo del siglo XXI”- detentan el poder ejerciendo terrorismo de Estado con presos, exiliados, perseguidos políticos y la característica de ser narcoestados. Para tener impunidad por los crímenes que cometen buscan retener indefinidamente el poder y para hacerlo cometen delitos que pretenden disfrazar como hechos políticos. La realidad demuestra que en las dictaduras/narcoestados de las Américas el crimen ha suplantado y controla la política.

Los “crímenes de lesa humanidad” son “actos y ataques inhumanos generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de causa”. Son imprescriptibles y están determinados por el Estatuto de Roma: “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento en violación a las normas del derecho internacional, tortura, violación,….actos inhumanos que atenten contra la integridad física y mental..”

El crimen organizado está definido y combatido por la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional o Convención de Palermo que define a un “grupo criminal organizado” si cumple 4 características: “grupo de tres o mas personas formado intencionalmente, que existe por un periodo de tiempo, que comete delitos o crímenes que son punidos por la ley con 4 o mas años de cárcel de forma deliberada, y que tiene como objetivo beneficios financieros y materiales”.

El narcotráfico es “el comercio de drogas ilegales adictivas o no, principalmente la cocaína”. Es un fenómeno que engloba varios delitos que comprenden el cultivo ilegal de coca, la fabricación, distribución, venta, control de mercados, reciclaje de estupefacientes, tráfico, lavado de activos…”. La legislación internacional obligatoria: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

La aplicación de este marco de referencia internacional a los hechos demostrados de cómo detentan el poder los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, demuestra la comisión de crímenes de lesa humanidad institucionalizados por medio del terrorismo de Estado como lo prueban ahora mismo la utilización de sus sistemas de justicia convertidos en verdugos que tienen presos y condenan centenas de inocentes en Cuba por las manifestaciones del 11 de Julio 2021, en Venezuela para retener el poder con torturas y asesinatos en las cárceles, en Bolivia con 72 presos políticos y en Nicaragua con presos y condenados, todo copia de Cuba, el mismo mecanismo del castrismo del siglo XX convertido en castrochavismo o socialismo del siglo XXI.

La barbarie contra los derechos humanos de las dictaduras castrochavistas está agravada por la comisión, protección y defensa desde los Estados y regímenes del socialismo del siglo XXI del narcotráfico: la dictadura de Cuba implicada desde la década de los sesenta con la tesis criminal de usar “el narcotráfico como arma de lucha contra el imperialismo norteamericano”, hasta el decomiso de cerca de 1.517 paquetes de cocaína en Panamá en Mayo de 2019 embarcados desde Cuba con destino a Estambul, manifestados como carbón.

Toda la cúpula de la dictadura de Venezuela empezando por Nicolás Maduro están identificados como el “cartel de los soles” y procesados en tribunales de Estados Unidos con orden de captura internacional y recompensas de 15 a 10 millones de dólares por cada criminal. Venezuela está identificada como el eje del tráfico de cocaína proveniente de las FARC, el ELN y las federaciones de cocaleros de Evo Morales de Bolivia.

Desde 2012 se reporta a Nicaragua que “el narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y esta generando mucho dinero”. El IEEPP un organismo no gubernamental que brinda información a partir del monitoreo de las propias instituciones del Estado indica que “25 grupos nicaragüenses apoyan al narcotráfico internacional”.

Conocido el proceso por narcotráfico en los Estados Unidos contra el ex Jefe antinarcóticos de Evo Morales con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, las investigaciones de la DEA -expulsada por Morales- han recordado a los bolivianos y al mundo que Bolivia es un narcoestado. Como el acusado está en poder del gobierno boliviano Estados Unidos ha pedido su extradición que ha motivado la reacción violenta de los operadores de la dictadura en Bolivia, resumida en el titular del periódico Página 7: “El MAS cierra filas para blindar a Evo y evitar la extradición de Dávila”.

Todo muestra a Evo Morales como el jefe y constructor del narcoestado, incluso lo ha confesado públicamente ante las Naciones Unidas. Está señalado como el jefe del “cartel del Chapare” mientras el diario El Deber titula “Bolivia reingresa a la lista de países que envían droga a Estados Unidos” y Página 7 reporta que “El cartel brasileño PCC tiene tierras y su centro de operaciones en el Chapare”, mientras recrudece la persecución política como otra confesión de los criminales.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo, 5 veces fue ministro de Estado en Bolivia y es el actual Director Ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy.

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