La rebelión como el supremo recurso contra la tiranía y la opresión

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La rebelión como el supremo recurso contra la tiranía y la opresión

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

La Declaración Universal de Derechos Humanos considera “esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. El sistema internacional y los nacionales, están fundados en el respeto a los derechos humanos, pero las dictaduras del siglo XXI los violan con presos, torturados, perseguidos y exiliados. La dictadura de Nicaragua repite hoy crímenes que comete en Cuba, Venezuela y Bolivia donde los opresores detentan el poder con impunidad. ¿Los pueblos de las Américas en situación de indefensión están siendo forzados al supremo recurso de la rebelión?

El “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” es el primer elemento esencial de la democracia instituido en la Carta Democrática Interamericana, ley de aplicación preferente en los países de las Américas. El “acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho” junto con la “separación e independencia de los poderes públicos” y “el régimen plural de partidos y organizaciones políticas” hacen posible las “elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular”.

El “estado de derecho” es el sometimiento y cumplimiento de la ley, el principio por el que “todas las personas, instituciones y entidades publicas y privadas, incluido el Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos”. Garantiza la “primacía e igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad, transparencia procesal y legal”.

La vigencia de derechos humanos y libertades fundamentales y el estado de derecho garantizan a la persona la libertad, la justicia y la paz, con dignidad en un marco de igualdad de derechos y obligaciones.

La realidad objetiva demuestra que en el siglo XXI existen “Dos Américas”, la democrática y la dictatorial. El eje de confrontación actual es dictadura contra democracia. La dictadura de Cuba que agonizaba y era la única en 1999, se ha expandido convirtiendo el castrismo del siglo XX en el castrochavismo del siglo XXI por su asociación con Hugo Chávez que le permitió salvarse del colapso y luego imponer su modelo dictatorial en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

La simulación de democracia es característica de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Hacen elecciones, referéndums, consultas, plebiscitos y todo tipo de votaciones que controlan, falsifican y ganan con fraude. Han institucionalizado el “fraude sistémico” mediante el cambio del orden jurídico haciendo desaparecer el sufragio universal fundado en la igualdad e introduciendo la manipulación de la inscripción de ciudadanos y de los padrones electorales, y el “fraude fáctico” que realizan en las elecciones y en el proceso de computo, registro y cadena de custodia. Son “dictaduras electoralistas” en las que el ciudadano “vota pero no elige”.

La “eliminación de los líderes y candidatos opositores” y la creación de una “oposición funcional” es esencial a las dictaduras castrochavistas. Solo hay que observar lo sucedido en este siglo en Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y ahora Nicaragua para evidenciar que han institucionalizado la “persecución política judicializada” para eliminar política, económica y físicamente a los líderes democráticos por medio de acusaciones falsas, creación y aplicación de leyes infames (que violan los derechos humanos) específicas y retroactivas, fiscales y jueces del régimen que son verdugos, campañas de asesinato de reputación, apresamientos y exilio.

El sistema dictatorial castrochavista se funda en la amenaza, el miedo, el terror. Implantan un sistema de subordinación total que incluye una “oposición funcional” constreñida a los límites que fija la dictadura y encargada de legitimar las violaciones de derechos humanos, la ausencia de estado de derecho, el fraude electoral y todos los crímenes de los detentadores del poder que permanecen en impunidad. La oposición funcional es rehén de la dictadura porque siempre tiene alguna acusación o proceso en ciernes y la amenaza de seguir el camino de los que ya están presos, exiliados, o ya no están.

En estas condiciones, en estado de indefensión y sin resultados objetivos en el sistema internacional, la gente está recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos considera la rebelión como el supremo recurso contra la tiranía y la opresión.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo, 5 veces ministro de Estado en Bolivia y actual Director Ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy.