La falsificación del registro de votantes y los jueces electorales sometidos son prueba de dictadura
Por Carlos Sánchez Berzaín (*)
Las dictaduras del siglo 21 en las Américas son electoralistas. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua manipulan elecciones con fraude y sin libertad para sostener la narrativa de un inexistente respaldo popular. Se trata de otra violación de los derechos humanos que ha uniformado su metodología de falsificación del registro de votantes y el control de jueces y autoridades electorales, delitos flagrantes que prueban la dictadura.
La “dictadura electoralista es el régimen que concentra el poder en una persona o grupo, reprime los derechos humanos y las libertades individuales e impone y manipula elecciones en las que el pueblo vota pero no elige”. Elección quiere decir “libertad de obrar”.
El Articulo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, manda en su artículo 23: “Derechos Políticos.- 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores...”
La Carta Democrática Interamericana establece como elemento esencial de la democracia “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, en el marco de “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” que son los otros elementos esenciales.
La violación de estos derechos se hace por medio de la comisión una larga serie de delitos basados en el control total de poder que permite a las dictaduras falsificar el registro de las personas habilitadas para votar, manipulándolo y alterándolo a su conveniencia, cuantitativa y demográficamente. Lo hacen con funcionarios, jueces o responsables que integran los órganos o poderes electorales y que prevarican y delinquen en la certificación de registros falsos, inhabilitación de candidatos, certificación de resultados falsificados, proclamación de resultados adulterados al servicio y en beneficio de la dictadura.
La más notable expresión de violación de los derechos humanos con los crímenes de dictadura electoralista son públicos en la dictadura de Cuba -jefe del sistema dictatorial del socialismo del siglo 21- donde la gente es constreñida a votar en un sistema de partido único, para que el régimen publicite su narrativa de respaldo popular, cuando solo se sostienen con terrorismo de estado y la complicidad de lideres democráticos que no cumplen sus obligaciones internacionales.
La dictadura de Venezuela ha aplicado y aplica sostenidamente este sistema, incluso con crímenes de lesa humanidad. El mundo es ahora testigo de la maniobra del régimen venezolano para alterar y hacer fracasar las elecciones internas de la oposición, que deben llevarse a cabo el 22 de octubre próximo sin intervención del órgano oficial electoral de la dictadura, cuya injerencia es un alto riesgo porque su misión es impedir un candidato de la oposición real que sin duda derrotará al dictador.
Los crímenes flagrantes cometidos por Daniel Ortega, Rosario Murillo y su grupo de crimen organizado en Nicaragua en las denominadas “elecciones generales 2021″ y las municipales de 2022 son prueba de dictadura plena. El encarcelamiento de todos los candidatos de la oposición real para dejar solo a los “opositores funcionales”, la judicialización de la persecución política, tortura, extorsión, falsificaciones, crímenes de lesa humanidad y más, son hechos ratificados con la expatriación de 222 presos políticos y la supresión de su ciudadanía, para luego continuar apresando y torturando.
Las elecciones generales de Bolivia 2020 que presentaron a Luis Arce como ganador por mayoría absoluta son parte de este sistema aplicado con la complicidad de la presidenta interina, su gobierno y la oposición funcional, que mantuvieron el padrón electoral adulterado de la dictadura, acomodaron funcionarios incapaces de denunciar la inexistencia de sufragio universal suprimido por la constitución del estado plurinacional y con todo el sistema de justicia dictatorial devolvieron el poder ejecutivo a la dictadura. “Salió el dictador pero no la dictadura”, regresó con su aparato de falsificación electoral el 2020 y ahora encaminan “nuevas elecciones en dictadura”.
(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politólogo. Actual Director del Interamerican Insrtitute for Democracy.