Separar el crimen de la política juzgando a jefes de narcoestados

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Separar el crimen de la política juzgando a jefes de narcoestados

Por Carlos Sánchez Berzaín (*)

El control del poder político para realizar actividades de narcotráfico se ha convertido en lamentable realidad en las Américas del siglo XXI con gobernantes que han transformado sus países en narcoestados. Para tener la impunidad, terminar con la democracia para detentar indefinidamente el poder es la seguridad que buscan los jefes de los narcoestados como en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero donde la democracia da alternancia en el poder -como se prueba en Honduras- se puede separar el crimen de la política juzgando a los jefes de los narcoestados.

La historia demuestra que aproximadamente desde 1982 se desarrolló la relación entre Pablo Escobar el narcotraficante colombiano y Roberto Suarez Gómez el narcotraficante boliviano con el régimen de Cuba, que hizo de Cuba el primer narcoestado de las Américas. Cuando fue descubierto, terminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y el coronel Antonio de la Guardia para encubrir la participación directa de Fidel y Raúl Castro, como lo detalla “La conexión cubana”, capitulo 11 del libro testimonio de Ayda Levy.

El narcotráfico es uno de los más graves delitos trasnacionales y en el marco legal de las Naciones Unidas para el control mundial de drogas hay tres tratados internacionales: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias sicotrópicas de 1988. La Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o Convención de Palermo adoptada el año 2000 complementa el sistema de lucha contra el crimen.

Los narcoestados se identifican por sí mismos pues sus gobernantes utilizan las potestades de “sujeto de derecho internacional” para defender la actividad ilegal en foros y tomar medidas de protección y beneficio al narcotráfico. En la década de los sesenta, la dictadura de Cuba proclamó como “acción revolucionaria” inundar de drogas ilegales los Estados Unidos para liquidar la juventud, haciendo del narcotráfico una acción revolucionaria.

El dirigente de los cultivadores de coca ilegal de Bolivia, convertido en jefe del estado plurinacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre narcotráfico en Abril 2016 proclamó la “nacionalización de la lucha contra el narcotráfico”, que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo norteamericano para la opresión de los pueblos”, defendió –con hojas de coca en mano- la expansión de los cultivos que coca que con sus “federaciones cocaleras” producen mas cocaína.

La satanización de la “Administración para el Control de Drogas” DEA de los Estados Unidos ha sido y es una de las principales estrategias del narcotráfico por medio de quienes detentan el poder en los países que controlan. La DEA fue expulsada de Venezuela con Chávez-Maduro, de Bolivia con Morales, de Ecuador con Correa y acusada por todos los voceros del socialismo del siglo XXI como instrumento del imperialismo.

En Honduras la penetración del narcotráfico en la política fue constante, pero Juan Orlando Hernández institucionalizó el narcoestado. Hernández no pertenece al grupo del socialismo del siglo XXI; construyó su ascenso al poder desde una posición contraria, en 2009 participó en la destitución de Zelaya, en 2010 fue presidente el Congreso Nacional y con elecciones cuestionadas del 2013 asumió la presidencia en 2014, con reelección también cuestionada en 2018

El caso del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, hoy preso y con extradición ordenada para ser juzgado en Estados Unidos por proceso federal, tres delitos asociados con “conspiración para el trafico de miles de kilogramos de drogas” en el Distrito Sur de Nueva York, lo convierte en el primer ex jefe de un narcoestado extraditable. Es el precedente jurídico y político más importante para separar el crimen organizado de la política.

Están en curso en el Distrito Sur de Nueva York y de Florida juicios: “cartel de los soles” con Nicolás Maduro y parte de su grupo criminal, con recompensas de 15 a 10 millones de dólares por cada acusado; conspiración por trafico de drogas contra el ex jefe antinarcóticos de Evo Morales, Maximiliano Dávila, con recompensa de 5 millones de dólares y extradición; pendiente de extradición en España el caso de Hugo “el pollo” Carvajal ex jefe de inteligencia de la dictadura de Venezuela; en juicio el caso de Alex Saab señalado como “testaferro de Maduro’…y mas.

Los narcoestados están en evidencia y la orden de extradición Juan Orlando Hernández prueba que LA IMPUNIDAD es la razón más importante por la que los dictadores de los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se aferran al poder.

(*) Carlos Sánchez Berzaín es abogado constitucionalista, politóloco, 5 veces ministro de Estado en Bolivia y actual Director Ejecutivo del Interamerican Institute.