El mal que padecen no es de hoy, viene de muy atrás y el producto que dan no justifica la enorme erogación del empobrecido estado boliviano.

Ahora, cuando el mal está tan extendido, las universidades son exhortadas a cubrir parte de sus gastos, pero obviamente están lejos de autofinanciarse.

La Universidad Mayor de San Andrés, según su rector Gonzalo Taboada, se procurará ingresos con el aumento de la matrícula y el cobro de derechos por cursos preuniversitarios.

Las universidades están, como todos los años en estas fechas, clamando por un aumento del aporte estatal a sus presupuestos. Y la respuesta que se avecina no es alentadora. Y es que no hay de dónde sacar.

La universidad estatal, tal como se desenvuelve hoy día, necesita de una profunda reorganización. Un estado de escasos recursos como el boliviano no puede darse el lujo, por ejemplo, de tener poco más de 5,000 alumnos en la Facultad de Derecho en La Paz.

En sólo esta carrera y en todo el país, cada año egresa un promedio de 1,200 abogados, imposibles de ser absorbidos por el mercado laboral. Y conste que de ese total, ni el 5 por ciento está bien preparado. Compruébelo dándose una vuelta por los tribunales.

La universidad no puede darse el lujo de albergar a alumnos sempiternos, esos que aprueban una materia cada año y que están en la universidad desde hace 10 o más años, sin vislumbrar aún el día de su graduación.

Debería quedar establecido que alumno que repita dos veces el semestre o se aplace tres veces en la misma materia, queda fuera de la universidad.

Debe acabarse ese vicio de profesores nominales que cobran sin pasar clases delegando sus funciones a suplentes, so pretexto de estar en la administracion pública o el parlamento.

Tienen que revisarse los programas, actualizarlos, de manera que los egresados sean verdaderos profesionales, capaces de competir en el mercado laboral, siempre escaso en Bolivia.

También debe pensarse en la posibilidad de autofinanciarse. Actualmente para hacer el servicio premilitar (de discutibles beneficios para el país) jóvenes de ambos sexos pagan poco más de 100 dólares para comprarse los uniformes. Y no importa si son pobres o ricos.

La universidad, previa labor de trabajadoras sociales, podría establecer la capacidad de pago de cada estudiante otorgándole gratuidad al que verdaderamente se lo merece con un efectivo plan de becas.

El preuniversitario debe ser exigente al máximo. Un verdadero filtro. Hay que enmendar de alguna manera la deficiente educación secundaria.

No es posible seguir tolerando, como acaba de ocurrir en la Facultad de Odontologia de la UMSA, donde de 1,200 postulantes, sólo aprobaron el examen de ingreso 5 y 3 de ellos optaban por segunda y hasta por tercera vez.

En la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, de 7.000 postulantes, aprobaron 900. Aún así, el porcentaje es decepcionante.

Para que funcionen mejor las cosas, es menester también revisar los alcances del cogobierno en función de la cual se cometen abusos, como el derecho a veto de los estudiantes a los profesores, lo que ha metido en la cátedra a la mediocridad política por encima del mérito académico.

Quizás así se acabará ese carnaval de estudiantes haciendo huelgas de hambre exigiendo que les aprueban una materia, como ocurrió el año pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Esos universitarios no habrían tenido que acudir a esa extrema medida ni convertirse en el hazmerreir del pueblo si le hubieran puesto a sus estudios el mismo empeño que le ponen para aprender durante meses los nuevos pasitos del baile de la saya.