Aunque todos en la población saben lo que pasó y muchos han sido los protagonistas directos de la barbarie, ante las cámaras de la televisión internacional que explota el morbo, los punateños asumen la actitud que Lope de Vega inmortalizó en su Fuenteovejuna.

Según la moderna Criminología y las tendencias del Derecho Penal, el hombre atrozmente ejecutado ni siquiera merecía la cárcel, sino un buen psiquiátrico, porque sólo a un débil mental podía ocurrírsele violar a una anciana de 66 años y luego provocarle la muerte con la introducción de un hierro en sus partes íntimas.

Pero en Punata, como dijo uno de los entrevistados, "nadie cree en la justicia" ordinaria. Y habría que añadir que hablar de un buen psiquiátrico es una burla cruel.

Y lo que se piensa en Punata se piensa en el resto del país. Por ejemplo, repasen lo que en estos tres años y medio ha estado diciendo contra la justicia boliviana Oscar Eid Franco, nada más ni nada menos que subjefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria condenado a cuatro años de cárcel, sin que - según él - se le haya probado ningún delito de los que se le acusó en el sonado caso de los narcovínculos.

Peor todavía, Eid Franco tiene una montaña de memoriales pidiendo ser oído por la Corte Suprema de Justicia, a la que apeló la sentencia. Nadie lo escucha.

Y si esto le pasa a un hombre de gran formación cultural, con un gran entorno familiar y profesional y con nexos políticos innegables, piense usted lo que le ocurre a Juan Pueblo, ese que llena las cárceles bolivianas no sólo por el delito cometido, sino por culpa de la lenidad del poder judicial.

Las estadísticas demuestran que sólo un 13 por ciento de la población penal boliviana tiene sentencia ejecutoriada. El oprobioso 87 por ciento tiene la causa en trámite. A veces un individuo está preso, aunque la sentencia, de dictarse, sería inferior al tiempo que el hombre estuvo ya en la cárcel. Y no es todo, hay casos en los que el preso ha cumplido su sentencia y todavía no sale en libertad por la demora en el papeleo consiguiente. Y la demora no es de semanas, es de meses, de años.

Toda esta desverguenza se ve en cada visita de cárcel, ese formulismo inútil para aparentar que el poder judicial trabaja. La ley Blattman, más que el propósito de poner en la calle a gente víctima de la morosidad judicial, es un enorme instrumento para demostrar la vagabundería de magistrados, jueces y fiscales, pero lamentablemente se queda ahí.

Y esta lacra se arrastra desde tiempo inmemorial, cualquiera sea el gobierno de turno. La negligencia, imprudencia e impericia, hermanadas con la corrupción, le han quitado la venda a la Diosa Temis.

La pobredumbre parte de un juzgado de instruccion y llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Si no es así, como se justifica una "chicana" monumental de nuestros magistrados que acaban de rechazar un recurso de nulidad presentado, en el caso del bonosol, por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, sosteniendo que éstos, en su memorial… "no certificaron que son mayores de edad".

Sólo a nuestros supremos podía ocurrírseles pensar que son menores de edad nada menos que el ex presidente de la república y el jefe de la bancada parlamentaria del MNR.

Aún así, nada justifica la barbarie de Punata.

Ojala que con la Ley de la Judicatura que piensa aprobarse este año cambie este desalentador panorama y que nunca más se diga que la justicia en Bolivia es flor de los sepulcros.