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Martes, 14 de abril de 1998


BOLIVIA: SI A LA INMUNIDAD,
NO A LA IMPUNIDAD

Por Hernán Maldonado
Especial para la Agencia de Noticias Fides


Miami- Los "honorables" en Bolivia en todas las épocas - con muy honrosas excepciones y a quienes no se puede encomillar - siempre se han considerado intocables. Y la más de las veces se han salido con la suya. ¿Habrá llegado la hora de ponerles freno?

Todo empieza con la disposición constitucional que proclama la inmunidad parlamentaria. Esta sabia disposición del legislador para proteger a los diputados y senadores de cualquier persecución del poder Ejecutivo o Judicial pare el mejor cometido de sus funciones. Esa inmunidad rige mientras dura el mandato del legislador, dice la ley.

Pero hay diputados y senadores que toman tan a pecho esa inmunidad, que la han confundido con impunidad y se creen con el derecho de vulnerar a capricho la ley, de hacer lo que les venga en gana. Y esto es tan malo, como el malentendido espíritu de solidaridad que prevalece en ambas cámaras para cerrar los ojos ante el delito cometido por un colega, porque la misma Constitución establece las formas con las cuales cualquiera de las cámaras puede levantarle la inmunidad parlamentaria a un "honorable" que ha transgredido la ley.

Pero, con raras excepciones, nunca pasa nada. En estos últimos seis meses en Oruro dos diputados de Condepa, en completo estado de ebriedad, agredieron a un alcalde y a policías. Y no pasó nada… El último fin de semana, otro diputado, esta vez de Acción Democrática Nacionalista, abofeteó y pateó a policías en Sucre. Y no pasa nada…

Lo más ridículo ocurrió a fines de 1997. Una diputada del MNR pidió ella misma su desafuero para responder a un juicio penal por tráfico de menores en Oruro y la cámara de diputados, votó negativamente… Lo que se consideraba que era ya el colmo de la iniquidad de la malentendida solidaridad (del hoy por ti, mañana por mi) despertó tal furor en la prensa nacional que en una segunda votación la cámara finalmente accedió al pedido de la parlamentaria.

Ahora, el "honorable" diputado cocalero Evo Morales, con la errónea creencia de que sus declaraciones no llegan más allá de Viacha, acaba de acusar al presidente Hugo Banzer Suárez de estar vinculado al narcotráfico. Y no pasa nada.

Una acusación de este tipo requiere una intervención urgente de la propia cámara, porque está dirigida contra la más alta magistratura del país. Lo que ha dicho Morales, sin presentar hasta ahora ninguna prueba, ha recorrido el mundo.

A priori, parece que la acusación proviene de los narcotraficantes que ven una amenaza en el empeño del gobierno de Banzer de sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína en los próximos cinco años. Se trataría de restarle credibilidad al presidente justo en momentos en que se apresta a partir rumbo a Chile para la II Cumbre Hemisférica que - coincidencia o no - tratará las formas de encarar globalmente una lucha contra este flagelo.

También debía intervenir de oficio el fiscal general de la nación porque no puede difamarse alegremente al presidente de la república. Así lo establece la ley penal.

¿O el fiscal guardará silencio como ocurrió en el gobierno anterior cuando a Gonzalo Sánchez de Lozada el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, le llamó "cabrón"? ¿O cuando Jaime Paz Zamora le dedicó calificativos más gruesos aún al mismo Sánchez de Lozada?

¿Los parlamentarios seguirán sordos y ciegos, como cuando el "honorable senador" Leopoldo López (premiado por el actual gobierno con el ministerio de Trabajo) agredió de palabra y obra en plena cámara al vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas?

No puede haber solidaridad con el diputado o senador irresponsable o matón, ni aceptársele que actuó al influjo del alcohol. En cualquier país que se respete el alcoholismo no es una atenuante, sino agravante de un delito cometido.

La cámara de diputados no puede darle al país otra penosa lección de moralidad en función de la malentendida solidaridad con el colega. Nadie ha olvidado la vergonzosa votación que impidió en diciembre el desafuero de diputados y senadores condepistas que violaron flagrantemente el Código del Menor. Simplemente el país dice: ¡Basta a la impunidad!