LAS DEUDAS POR COBRAR

Por Hernán Maldonado

Johnny Fernández en una ventana de la CBN. Impuestos Internos puede quitarle la sonrisa

Miami - En el caso de lo que la opinión pública boliviana conoce ya como el "de los Fernández", al director del Servicio Nacional de Impuestos Internos (SI) Raúl Loayza podría ocurrirle lo que a esos naúfragos que mueren de sed en medio del mar.

La Corte Suprema de Justicia, la última instancia judicial del país, falló que la Distribuidora Fernández debe pagar al Estado las friolera de 9.9 millones de dólares por evasión tributaria.

Loayza estaba eufórico porque ese dinero es lo que más necesita Bolivia justamente en momentos en que no hay ni para pagar sueldos de la administración pública. Pero aquí está el naúfrago que, en medio de tanta agua, no puede probar ni un sorbito.

"Que se imponga el Derecho", exigió este lunes en un editorial el diario Los Tiempos al sintetizar el sentir de la ciudadanía. Al final de cuentas lo que el Estado reclama a los Fernández es que devuelvan el dinero que los consumidores pagaron de impuestos. O sea que ni siquiera es la plata de los potentados cerveceros cruceños.

El juicio comenzó hace una década, pero con las chicanerías habituales interpuestas por los demandados se fue dilatando en el tiempo mientras proporcionalmente crecía la deuda por concepto de intereses devengados. Por eso la cuenta inicial que no llegaba a un millón de dólares asciende actualmente a casi 10.

El problema tiene características éticas, jurídicas y políticas y es de tanta importancia que pareciera que los únicos que no lo ven así son los de la familia cervecera, si uno se atiene a las declaraciones cantinflescas que formuló este lunes al diario El Nuevo Día, Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz , jefe máximo de Unión Cívica Solidaridad (UCS) y principal dueño de la Cervecería Nacional, junto con sus hermanos.

Ahora los abogados de los Fernández arguyen que sólo pagarán 700,000 dólares apoyándose en una disposición del Código de Comercio, que a los efectos jurídicos inmediatos nada tiene que ver luego que hay un fallo de la Suprema por un monto preciso y por el delito concreto de defraudación tributaria.

El SI de Santa Cruz, según su director Victor Hugo Justiniano, empezará a hacer cumplir la ley procediendo a la anotación preventiva de los bienes de lo que era la Distribuidora Fernández, para su ulterior embargo. Justiniano, candorosamente, declaró que ignora cuáles son esos bienes. E hizo bien, porque ya ni siquiera existen. La distribuidora fue liquidada en 1995. O sea que los Fernández podrían pagar el Día de San Blando...

Cuando murió el zar de la cerveza, Max Fernández, sus herederos accedieron a su patrimonio y se supone que lo hicieron para las duras y las maduras. La prueba está en que sus abogados continuaron durante todos estos años respondiendo al juicio por defraudación de impuestos. Todo esto en el plano jurídico. Aquí no hay dónde perderse. Debe cumplirse el fallo de la Suprema y punto.

Otra cosa es que políticamente los Fernández le están dando vueltas y más vueltas al caso aprovechándose del factor UCS. En el gobierno anterior cuando se les quiso cobrar coactivamente amenazaron con dejar la coalición oficialista en momentos en que el movimientismo necesitaba a sus levantamanos para aprobar en el Congreso las leyes de capitalización.

Ahora también creen tener el sartén por el mango. Si Loayza se empeña en cobrar la deuda, lo más probable es que el gobierno pierda su escasa mayoría en el parlamento. Un terrible dilema para el general Bánzer: o hace cumplir la ley o pierde otra vez el país, como ocurrió en la gestión movimientista.

También está el aspecto ético. Sin ninguna excepción el país entero debía apuntalar el fallo de la Suprema, pero ocurrre que ciertos medios prefieren que el asunto pase por debajo de la mesa porque para ellos pareciera ser más importante no perder pautas publicitarias.

Si esta vez el Estado no cobra lo suyo, será un pésimo mensaje al resto del empresariado nacional. Y se lo han hecho saber. El rey del cemento Samuel Doria Medina acaba de pagar una deuda al Estado de 1.500.000 dólares que tenía la fábrica de Sucre, que la adquirió hace poco, porque ciertamente cuando se toman las riendas de una empresa se manejan no sólo los activos, sino también a los pasivos.

¿Y si el Estado no es capaz de hacerles pagar a los Fernández, habrá otra forma?

Yo creo que sí. ¿Qué tal si el país decide no comprarles ni una cerveza más hasta que los 9.9 millones de dólares entren al Tesoro General de la Nación?