Crímenes oficialistas impunes




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Domingo 28 de septiembre del 2014


CRIMENES OFICIALISTAS IMPUNES

Por Hernán Maldonado

El general Luis García Meza, ex presidente de facto de Bolivia, cumplió ya 21 de los 30 años de cárcel a los que fue condenado en 1993 por una media docena de delitos que van desde la sublevación militar al narcotráfico.

Cumplió 83 años hace un mes. Por su deteriorada salud pasa más tiempo en el Hospital Militar de La Paz que en la cárcel de Chonchocoro a la que fue enviado en 1995, después de su extradición desde Brasil.

Jamás en Bolivia un ex presidente ha sido virtualmente reducido a la condición de paria como García Meza. Cuando volvió la democracia a Bolivia se buscó imponer un castigo ejemplar a quien abusó del poder político. Nadie parecía haber olvidado los brutales atropellos contra los derechos humanos durante su gobierno dictatorial.

Su ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez -encarcelado 13 años en Estados Unidos, por narcotráfico- fue devuelto a Bolivia y también está preso en Chonchocoro. Desde las alturas del poder recomendaba a los líderes políticos "andar con su testamento bajo el brazo".

Son las excepciones a la general impunidad de la que han gozado otros gobernantes bolivianos. Jamás prosperaron juicios de responsabilidades. El coronel Claudio San Román, jefe de la temible policía política durante los gobiernos democráticos de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, nunca fue enjuiciado y murió anciano en Paraguay.

En el actual gobierno se han producido graves hechos de violaciones de los DD.HH. y aunque se han iniciado juicios para descubrir a los responsables, aún no hay culpables.

Con desparpajo el vicepresidente Alvaro García Linera culpa al Poder Judicial de lenidad, pero resulta que ese poder funciona digitado desde el Palacio de Gobierno, resultado de la elección de magistrados a gusto del régimen. Es el mismo poder que violando la norma constitucional legalizó la re-reelección de Evo Morales.

Tres casos emblemáticos en la actual gestión. El Caso Porvenir. Ante la urgencia de capturar para el oficialismo el departamento de Pando se armó una tramoya sangrienta el 2008 en esa localidad del norte de Bolivia. El gobernador Leopoldo Fernández fue encarcelado. Más de un millar de pandinos se exiliaron en Brasil.

Indígenas del oriente boliviano marcharon el 2010 hacia La Paz exigiendo al gobierno que desista de la construcción de una carretera que no solo destruiría su hábitat, sino que favorecería a los cultivadores de coca, cuyo líder máximo es Morales.

La marcha fue interrumpida violentamente por un comando policial-militar en las inmediaciones de la localidad de Chaparina. Imágenes de pobres indígenas siendo apaleados por policías conmovieron hondamente a la ciudadanía.

El 2011 ante la imposibilidad de reeditar el "caso Porvenir", el régimen acusó a la oposición cívica y política de Santa Cruz, otro departamento opositor, de intenciones separatistas. Tres extranjeros fueron asesinados por un comando policial en el Hotel las Américas de Santa Cruz.

Decenas de políticos opositores fueron encarcelados o marcharon al exilio sin que se sepa lo que verdaderamente ocurrió. Por evidencias que ya figuran hasta en libros, altos jerarcas del régimen aparecen involucrados en la mortal trama. Aun así los juicios no avanzan, porque hay una mano negra que impide que se sepa la verdad.

El fiscal estrella del régimen, Marcelo Soza, que manejó todo el caso del Hotel las Américas, quizás en un arranque honestidad profesional, resolvió exiliarse en Brasil. Ahora que Soza confirma lo que la opinión pública sospecha, el régimen le dedica los peores adjetivos.

Pero algún día se sabrá la verdad. ¿Serán juzgados los responsables y, más todavía, pagarán sus culpas? Amanecerá y veremos.

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